La cúpula de la Fundación Guadalquivir Futuro de Córdoba se enfrentaría a hasta 24 años de cárcel

La presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro, Ángeles Muñoz ; su hijo, Cristian Menacho (Jóvenes hacia el Futuro) y el vicepresidente de la fundación José Antonio González Adame , los tres investigados (antes imputados) por el caso de las mordidas a contratos de parados subvencionados por la Junta podrían enfrentarse a penas de prisión que sumarían hasta 8 años para cada uno (si se estiman en su grado máximo) y multas de hasta el séxtuplo de lo defraudado a una Administración Pública, según ha podido saber ABC de fuentes judiciales.

El caso ultima la fase de instrucción y las acusaciones en sus respectivos escritos podrían imputarles dos delitos a cada uno de ellos: uno de fraude a la Administración Pública , regulada por el artículo 308 del Código Penal y otro delito contra los derechos de los trabajadores , recogido por el artículo 311.

En cuanto al fraude en ayudas públicas, la ley contempla que «el que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a 120.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo».

Una ver se concrete la acusación por parte de la Fiscalía, los tres investigados, la cúpula del entramado afín al PSOE de Córdoba en el barrio del Guadalquivir, se enfrentarían además a penas de prisión y multa por un delito contra el derecho de los trabajadores. En este caso, los apartados 1º, 3º y 4º del artículo 311 del Código Penal prevé delictivas una serie de acciones que imponen y mantienen unas condiciones ilegales de trabajo.

Según fuentes judiciales, las penas a las que se podrían enfrentar cada uno de ellos como autores de este segundo delito oscilarían entre la pena de seis meses de prisión en su grado mínimo y hasta los tres años de cárcel como máximo además de una multa de seis a doce meses.

La acción central que recoge este artículo del Código Penal es «actuar con engaño o abuso de situación de necesidad para imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual». Este artículo del Código Penal se ajustaría como un guante a la conducta mantenida con los trabajadores por parte de los responsables de Guadalquivir Futuro.