Córdoba
Crimen de La Chica Carlota | Exconvicto, un arsenal en la cama, falso cura y cirugía estética: así es el acusado
ABC accede al sumario del caso en el que se detalla cómo fue la macabra muerte de Juan Carlos R. B. en la aldea carloteña
Crimen de La Carlota Chica | La Fiscalía de Córdoba pide por primera vez prisión permanente revisable
¿Cómo es el presunto asesino de Juan Carlos R. B., un discreto vecino de la aldea carloteña d e La Chica Carlota ? ¿Cómo llegó a su víctima y por qué decidió acabar con la vida de este vecino carloteño y enterrarlo en su propia casa? Las respuestas han quedado plasmadas en el sumario del llamado ‘caso de La Chica Carlota’, al que ha tenido acceso ABC , a punto de señalarse la fecha del juicio con jurado popular que se seguirá en la Audiencia de Córdoba.
En un relato más propio de un ‘thriller’, la Fiscalía y las acusaciones particulares —que han pedido por primera vez Prisión Permanente Revisable para el encartado—, trazan en sus escritos cada uno de los pasos que dio Pedro G. G., que se paseaba con sotana como falso cura y guardaba bajo la cama armas de guerra o gas pimienta.
Se trata de un ex convicto que cuenta con antecentes por robo con violencia e intimidación . Ya fue condenado por la Audiencia de Madrid a 3 años de cárcel en 2015. En el caso de La Chica Carlota fue detenido en Madrid seis meses después del macabro crimen en la vivienda de Juan Carlos en la tranquila aldea de la Vega del Guadalquivir.
En el registro de su casa de Madrid aparecieron bajo su catre herramientas para apertura de cerraduras de uso profesional, cinta americana, bridas, funda porta grilletes, las llaves del coche de Juan Carlos, un revólver de fogueo o spray de gas pimienta. No se andaba con chiquitas. Bajo su colchón también escondía armas prohibidas como un subfusil de asalto y cargadores más un silenciador en correcto funcionamiento. Armas de tenencia prohibida para particulares. Vivía con su pareja en Madrid, se hacía llamar ‘Felipe Jiménez’ y pasaba por sacerdote en calidad de supuesto abogado del Arzobispado de Madrid para ganarse la confianza de Juan Carlos.
Primer contacto
El contacto entre el presunto asesino y su víctima , de 45 años, comenzó en febrero de 2017 cuando ésta, soltero, con enfermedad mental y una incapacidad permanente que le reportaba una pensión de 1.500 euros, contactó con un abogado en Madrid para que interpusiera una denuncia por unos supuestos abusos que había sufrido en la infancia .
El abogado, sabedor de que no iba a interponer la denuncia encomendada, pero para justificar el dinero recibido para la asesoría, encargó a uno de los clientes de su despacho que había defendido de delitos de robo con intimidación y usurpación del estado civil, que contactara con Juan Carlos e investigara esos supuestos abusos. Ese cliente resultaba ser Pedro G. G..
Ahí empezaron las transferencias de dinero al abogado madrileño . Entre marzo y junio de 2017, más de 9.700 euros . Pedro, tras varias conversaciones telefónicas con quien sería su víctima, y para ganarse su confianza, le aseguró que era abogado del Arzobispado de Madrid. Y así, vestido de sacerdote , alquiló un coche y se entrevistó con Juan Carlos el 5 de julio de 2017 en su propia casa de La Chica Carlota , adonde llegó a las 21.55 horas y estuvo hasta las 6.13 horas de la madrugada. Fue su primer contacto en pesona que se prolongó vía telefónica durante todo agosto.
Usurpa identidad
La siguiente visita a La Carlota fue el 3 de septiembre . Es aquí donde el relato de la Fiscalía fija que tras dos días en el hogar de Juan Carlos, el acusado decide «acabar con su vida estrangulándolo y asfixiándolo con una almohada», con la misma que lo enterraría en la parte trasera de su chalé en un terrizo.
Tras el crimen, Pedro salió de la casa con toda la documentación de Juan Carlos en su poder: tarjetas bancarias, títulos académicos, certificados de bautismo, pasaporte..., «para poder suplantar su identidad , conocedor de su enfermedad mental, de la pensión que cobraba y de la escasa relación con sus hermanos, en la creencia de que éstos no denunciarían su desaparición», recoge el Ministerio Público en su escrito al que ha tenido acceso ABC.
Carretilla y cirugía estética
La misma noche de autos, el 5 de septiembre de 2017 , a las 5 de la madrugada, Pedro G. G. cogió su coche aparcado en la misma puerta de la vivienda, lo trasladó a otra calle y cogió el todoterreno de la víctima, trasladándose a Córdoba capital para dejarlo aparcado el céntrico Vial. Luego, decide regresar al lugar de los hechos en taxi, no sin antes sacar 1.000 euros del cajero con las tarjetas de su víctima.
Ya en La Chica Carlota cogió su vehículo y de nuevo viajó a Córdoba, donde lo dejó aparcado en Ciudad Jardín. De allí fue a por el todoterreno de Juan Carlos, situado cerca de la estación AVE, y se fue a Ciudad Real conduciendo para ver a sus padres, con quienes pasa la noche. A la mañana siguiente pone rumbo de nuevo a la casa de su víctima. Para antes en Valdepeñas , vestido de sacerdote , para comprar con la tarjeta de Juan Carlos una carretilla, un pico, guantes, cuerda y una pala que le sirvan para enterrar su cuerpo . Así lo hace a las pocas horas, y de nuevo coge el todoterreno y se marcha esta vez dirección a Madrid.
Un mes después del crimen, el acusado fue de nuevo a La Chica Carlota a comprobar el estado del enterramiento . Tras esa visita de control, dirigió sus pasos de nuevo a la capital de España donde se sometería a una operación de cirugía estética . No fue la última vez que Pedro regresaría al lugar del crimen. Los días 21 y 22 de diciembre volvió a esa casa para recoger una carta con el pin de otra tarjeta.
Pedro fue detenido en Madrid el 27 de enero de 2018 , cuando iba conduciendo por una calle de Madrid el todoterreno de Juan Carlos y toda con su documentación encima , llegando a identificarse a los agentes de la Policía Local como Juan Carlos R. B. Permanece en prisión provisional desde aquel momento. Hasta su detención, siguió suplantando la identidad y gastó en más de 43 operaciones bancarias 39.330 euros de la cuenta del finado , además de suscribir un préstamo a nombre de la víctima por valor de otros 30.000 euros.
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