URBANISMO
Cosmos pide a Urbanismo que se anule el informe de impacto sobre la salud por parcial e inexacto
Advierte de que llevar la valorización a la Campiña afectará al Reina Sofía
La empresa Cementos Cosmos ha pedido a la Gerencia de Urbanismo la anulación del informe de impacto en la salud del cambio del PGOU que convertirá en ilegal todo acto de valorización de residuos como el que está desarrollando la industria en sus instalaciones anexas al polígono Pedroche. El documento presentado por la filial del grupo brasileño Votorantim se fundamenta en los estudios encargados a la empresa de consultoría Inerco que ha llegado a la conclusión de que modificar el Plan General no es solo bueno para la salud sino todo lo contrario. De hecho, expone a riesgos al equipamiento sanitario estratégico de la provincia de Córdoba: el hospital universitario Reina Sofía .
Los datos de Cosmos tienen la particularidad de que permiten un contraste entre lo que se emitía quemando residuos y biomasa, y las emisiones que efectuaba exclusivamente el coque de petróleo , que sigue siendo el setenta por ciento de la forma de alimentar el calor de la fábrica. La primera crítica que realiza Cosmos al informe encargado por Urbanismo es que no tenga en cuenta datos contrastados de la actividad sobre un hecho que, a su juicio, es incuestionable. La quema de residuos no debe descartarse como un apriorismo sino fruto del contraste de los datos. Por esa razón, asegura que siquiera se ha descartado como una alternativa a pesar de que existan ya mediciones reales y no las usadas en el informe, que son anteriores a la actividad con datos del año 2014.
El informe de Cosmos recuerda a Urbanismo que una de las cuestiones que hay que estudiar es qué pasa en la actualidad. Es decir, si la entrada en vigor de la quema de residuos mejora o empeora. Bajo las cifras de emisiones, los óxidos de nitrógeno pasaron de 22,13 toneladas a 7,99 mientras que las partículas, de 0,32 a 0,02. Todos los niveles se encuentran, dice el dictamen, por debajo de los límites autorizados , también las dioxinas o furanos que se encuentran entre cincuenta sesenta veces por debajo de lo autorizado. La conclusión de la empresa es que no hay una incidencia negativa en el cambio de combustible para el aire de la ciudad.
El dictamen de Cosmos es duro en cuanto a la parcialidad. Afirma que no se ha montado un expediente para investigar sino para justificar una decisión municipal que se encuentra tomada de antemano. Y que no está dirigida a la práctica totalidad de las empresas que queman residuos sino solo a una de ellas: Cosmos . De hecho, apunta al Consistorio que lo que tiene que hacer es tomar medidas sobre el verdadero causante de los problemas de la contaminación en Córdoba, que es el uso del automóvil .
El efecto de los vientos
Uno de los capítulos más curiosos del informe de alegaciones es en el que se afirma que la concentración de las industrias que valoricen en la Campiña provocará justo lo contrario a lo que se está buscando. Hará que sean los vecinos de la ciudad consolidada quienes noten los efectos de la actividad industrial de las empresas que lleven a cabo estas actividades. Lo hace, además, con un estudio de los vientos dominantes.
Explica que la Campiña se encuentra en el Suroeste del término municipal y que la dispersión del humo de las actividades fabriles irá directo a la ciudad. En concreto, asegura que será el Hospital Universitario Reina Sofía quien, en primer término, reciba los efectos de las fábricas. Además, afirma que el Consistorio no tiene en cuenta que un eventual traslado de la empresa obligaría a empezar a trasladar el mineral en camiones (ahora se hace en cinta transportadora) generando unos 250 viajes de camiones pesados por las principales vías de la ciudad. Unos 6.000 kilómetros diarios.
Y asegura que el Consistorio no se ha tomado ni siquiera la molestia de seguir los pasos previstos en la norma. Por ejemplo, asegura que no se han pedido los informes sectoriales a otros departamentos oficiales, que es una de las posibilidades que da la legislación. En concreto, se podrían haber pedido dictámenes a los departamentos de la Junta de Industria o Medio Ambiente -o de cualquier otra entidad pública- que hubiesen permitido contrastar si los planes municipales tienen el apoyo de expertos en la materia o se consideran fruto de la presión política y del desconocimiento de los datos empíricos de la actividad de la fábrica.
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