Coronavirus | El TSJA decidirá el próximo lunes si cierra los juzgados de Córdoba

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidirá el próximo lunes, 16 de marzo, las medidas a adoptar ante el coronavirus y «estudiará las peticiones que se están realizando desde las distintas provincias», señalan fuentes del TSJA.

Los sindicatos ya han solicitado que se tomen decisiones para tratar de frenar la expansión del virus. Así, CSIF reclama que se reduzca todo lo posible la actividad judicial hasta quedar en el mínimo estrictamente necesario, así como que se establezcan medidas concretas para evitar la acumulación de personas usuarias en dependencias de la Administración de Justicia.

Así, solicita la suspensión de todos los juicios y diligencias que no tengan carácter urgente, así como pautas de atención al público e incremento en los servicios de limpieza y mantenimiento.

Por su parte, SPJ-USO ha solicitado medidas extraordinarias de conciliación personal y familiar ante el anuncio de cierre de los centros docentes; dotación y distribución de material higiénico para todas las sedes judiciales, así como kits de protección individual ; refuerzo de limpieza y desinfección de nuestros puestos de trabajo; limitación de aforo de personas en una misma dependencia, y aumento de la flexibilidad en la jornada laboral, de manera que, si fuere necesario, se pudieran realizar turnos rotatorios de la propia plantilla, entre otras medidas.

Las cuatro asociaciones judiciales ven «irresponsable» dejar a la discrecionalidad de cada juez la suspensión de una vista para evitar la propagación del coronavirus y han instado al Consejo General del Poder Judicial a dar urgentemente una respuesta «coordinada y razonable» para todo el país.

En un comunicado conjunto, las asociaciones judiciales respondieron ayer a las directrices aprobadas por el CGPJ, que suponen, a su entender, «un elemento de distorsión y confusión a la hora de adoptar las medidas precisas en una situación de contención reforzada como la que sufre el país».

Si el CGPJ no ofrece de forma urgente una respuesta adecuada, los jueces advierten de que podrían verse «obligados» a recurrir al artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , que establece que un trabajador tiene derecho a «interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».