Coronavirus Córdoba
Fernando Santos Urbaneja, fiscal de Protección de Mayores | «No he encontrado delito tras lo ocurrido en las residencias»
Las residencias no estaban preparadas para la pandemia, ese fue el gran error. Ahora toca aprender y replantear el modelo de estos centros
El fiscal delegado de Protección de Personas Mayores en Andalucía, Fernando Santos , ha estado durante el Estado de Alarma pegado a un móvil y al ordenador coordinando la protección de los mayores en las ocho provincias andaluzas. Los primeros fallecidos en residencias se registraron en marzo en Alcalá del Valle ( Cádiz ). A partir de ahí «fue terrible», en palabras de este representante del Ministerio Público. Fueron días extenuantes. Las alarmas saltaban con brotes muy graves en centros de Granada (Pinos Puente, La Zubia, Cáxar de la Vega) y Sevilla (Joaquín Rosillo o Domus Santa Justa). La mayor preocupación de este especialista en dependencia era que el Covid explotara en los centros de personas con discapacidad, un polvorín teniendo en cuenta que su abordaje terapéutico es muy complejo.
—¿Qué ha podido fallar para que se hayan registrado 500 fallecidos por Covid-19 en residencias andaluzas, 60 de ellas en Córdoba?
—Está claro, las residencias no estaban preparadas para esto. Nadie lo estaba. Hemos tenido que caminar por caminos nunca antes recorridos. Ha habido otras pandemias en la historia pero las circunstancias fueron distintas. En las residencias los profesionales (sanitarios, trabajadores, etcétera…) en general han tenido un comportamiento ejemplar, han hecho un esfuerzo sobrehumano que, sin embargo, no pudo evitar todos los fallecimientos. En general los esfuerzos tuvieron éxito. Baste recordar que de las 85 residencias que existen en Córdoba (capital y provincia), solo ha habido incidencias en 20. En 65 no se ha llegado a producir ningún problema.
—La Sección de Mayores de la Fiscalía de Córdoba ha registrado incidencias en esa veintena de residencias ¿Cuál es a día de hoy la situación?
—Semanalmente se sigue recibiendo información sobre todo remitida por el Servicio de Inspección de Centros de la Delegación Provincial de Igualdad y Políticas Sociales. La colaboración con la Junta ha sido constante. Las incidencias se han ido solucionando. En la actualidad son solo ocho los centros que mantienen expediente abierto y las incidencias están en vías de resolución, de lo que se deriva que 12 residencias se han sumado a las 65 que no presentaron incidencias. En el resto de las provincias andaluzas la evolución ha sido similar aunque partiendo de distintas posiciones. Ha resultado muy llamativa, por escasa, las cifra de incidencias (contagios y fallecimientos) en Huelva y Almería . Por el contrario, las cifras porcentualmente más elevadas las encontramos en Sevilla, mientras que Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Cádiz han tenido una incidencia media.
—¿Podría dar un vuelco la investigación de estos hechos?
—La información con que contamos y que hemos analizado en Fiscalía es amplia. Conocemos las líneas generales y los datos concretos de lo ocurrido en las residencias por eso no concibo ningún «vuelco» en la valoración de la situación. Solo cuando los datos y pruebas apunten a la existencia de indicios de delito se procederá a la incoación de diligencias de investigación penal. En Córdoba esto no ha ocurrido en ningún caso y, en general en todas las provincias andaluzas con la excepción de dos diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalía de Jerez de la Frontera. Para que unos hechos puedan ser calificados como delito de imprudencia grave o de omisión del deber de socorro que son los que se asocian a los hechos ocurridos en las residencias de mayores deben concurrir requisitos concretos.
—¿Cuáles son?
—El primero es que exista una conducta gravemente negligente o descuidada en relación a situaciones fácilmente previsibles y/o evitables. Las notas de previsibilidad y evitabilidad, como ya se ha puesto de manifiesto, no pueden predicarse de las residencias a quienes en general pilló completamente por sorpresa. El segundo requisito es la existencia del dominio del resultado. Esto significa que la solución o el remedio está en una sola mano o en unas pocas. Distinta es la situación cuando la evitabilidad (remedio o alivio) depende de una cadena de intervenciones. En relación con la pandemia, las obligaciones de actuar y tomar medidas van desde la OMS hasta el último trabajador de la residencia, pasando por organismos internacionales, el Estado central, Estado Autonómico, etc….No se puede, en Justicia, acusar a todos los intervinientes por un fracaso al que algunos o muchos en nada han contribuido e incluso, a los que han contribuido en algo si no lo han hecho con esas notas de grave descuido o negligencia.
—¿No ha encontrado delito entonces?
—Yo me he ocupado de analizar lo ocurrido en las residencias de Córdoba y, en concreto de las conductas de sus gestores, personal sanitario, trabajadores sociales, otros trabajadores y no he encontrado motivo para dar a su conducta la consideración de delito por eso no he incoado ninguna Diligencia de investigación penal. La percepción de los Fiscales del resto de las provincias de Andalucía ha debido ser la misma pues tampoco lo han hecho.
—¿Cree que llegarán denuncias particulares por parte de los familiares de estas víctimas a la Fiscalía?
—Hasta ahora a la Fiscalía de Córdoba ha llegado solo una y no creo que vayan a llegar muchas más, quizás porque la mayor parte de los familiares decidan reclamar otro tipo de responsabilidades. Lo que ha llegado a las Fiscalías y Juzgados han sido denuncias remitidas por partidos políticos ( Vox ) o plataformas de ayuda a personas mayores que, en general, adolecen de concreción por lo que en su mayoría han sido archivadas.
—Si hubiera un rebrote con similares consecuencias en las residencias. ¿Si habría ya responsabilidad penal?
—Dicho esto y de lo anterior se desprende que sí, como advierten algunos científicos, existe una apreciable posibilidad de que el virus se reactive en otoño/invierno, las notas de «imprevisibilidad» e «inevitabilidad» no podrán esgrimirse, por lo que la responsabilidad penal será exigible más fácilmente, si bien limitada a quienes hayan tenido la competencia y, por tanto, la responsabilidad de adoptar medidas y facilitar medios. En ningún caso respecto de los que sufran las consecuencias de esta negligencia o inhibición.
—Se ha abierto un debate sobre la idoneidad de cambiar el modelo de residencias ¿Cuál sería el idóneo?
—Tengo que decir en primer lugar que no entiendo eso de «devolver las residencias al Estado» pues éstas, en su mayor parte, han sido siempre de gestión privada. Por ejemplo en toda Andalucía las residencias de gestión pública se limitan a 14, lo cual supone un porcentaje mínimo en relación con el conjunto. Así las cosas de lo que habría que hablar entonces es si procede entregar o trasladar al ámbito público esta gestión tradicionalmente privada. Dicho esto debo decir que en mi opinión y en mi experiencia ni el sello de lo «público» ni el sello de lo «privado» son garantía por sí mismos de calidad, ni eficiencia, ni respeto a los derechos de los mayores. Todo tiene sus luces y sus sombras. El modelo de atención pública resulta homogéneo. En estos centros el peso de los sindicatos es muy fuerte y en ocasiones afecta a la atención de los residentes. En el modelo de gestión privada va desde las tradicionales residencias de congregaciones religiosas a las pertenecientes a sociedades o fondos de inversión. Creo que la distinción no debe ser público/privado sino apostar por las mejores experiencias de los dos ámbitos, siendo deseable un modelo mixto.
