La extensión del cierre levanta las críticas de los empresarios de Córdoba

Si el mensaje empresarial ha sido de unidad desde el inicio de la crisis, algo ha acabado rompiéndose en las últimas horas como consecuencia de la expansión exprés del decreto de alarma a las actividades consideradas como no esenciales. Las principales organizaciones empresariales, como CECO o Asfaco , han realizado duras críticas en las últimas horas al desarrollo de la medida considerada, en su grado menor, de imprecisa. En su margen mayor, de chapuza. Las peleas internas en el Gobierno que demoraron la publicación del decreto a la media noche del domingo, solo han intensificado esa percepción de que algo muy grave está fallando.

Las principales quejas del empresariado (y de algunos sindicatos sectoriales) se basan en la ausencia de conocimiento de cómo funcionan algunas actividades industriales . Es imposible, apagar un horno que alcanza temperaturas de mil grados porque no es un calentador. Es imposible dejar una obra parada de un día para otro. No se detiene un centro de trabajo con esa urgencia.

El asunto además ha caído como un jarro de agua fría sobre muchas empresas que estaban preparando un ERTE, una figura que carga al Estado parte o la la totalidad de los costes laborales de las empresas mientras dura la crisis. El problema es que el presidente del Gobierno abrió una vía que no es financiabl e .

No hay dinero en los Presupuestos del Estado para pagar el subsidio de desempleo a cientos de miles de trabajadores de forma súbita. Pese a los mensajes lanzados por el Gobierno de que es posible pedir ERTE nuevos, la lectura que realizan los laboralistas es que las empresas que no lo solicitaron antes del domingo tienen que esperar hasta el nueve de abril. La causa de fuerza mayor ha desaparecido porque sus plantillas están de permiso retribuido. El Gobierno ha ganado casi dos semanas cargando los costes a las cuentas de resultados.

El tercer argumento de la desafección empresarial se basa en el cómo. El Ejecutivo ha paralizado actividades no esenciales que el propio Estado venía desarrollando. Ni la Junta ni el Consistorio, por ejemplo, habían parado sus obras de gran presupuesto. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha optado por mantener el calendario tributario y de obligaciones sociales sin tocar. Las cotizaciones y el IVA se tendrán que pagar en su fecha. Un retraso implicará que la deuda se cobrará con recargo y un impago, que vendrán embargos. «Esto es una injusticia», sostienen en la patronal.