PROYECTO CONGRESUAL
La constructora del Centro de Convenciones de Córdoba pide resolver el contrato de las obras
La alcaldesa defiende que «no procede ningún recurso planteado por la empresa» porque el Ayuntamiento ha cumplido
La empresa constructora del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba, UCOP , ha solicitado al Ayuntamiento de la capital la resolución del contrato sobre las obras, cuya última prórroga concluye el 21 de febrero, y el gobierno local estudia dicha petición, según han informado a Europa Press fuentes municipales.
Al respecto, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha subrayado que «hay que concluir la obra lo antes posible», dado que «no se va a quedar a medio hacer», o «bien buscar otra fórmula , pero siempre y cuando esa fórmula la facilite la propia empresa constructora», ha aclarado.
En declaraciones a Europa Press, la primera edil ha señalado que «se va a intentar por todos los medios que la respuesta sea la más razonable , viendo las fechas en las que se está ya», y después de «llevar meses intentando hacer ver a la empresa que tiene unos compromisos y una responsabilidad».
«Las peores pesadillas se han hecho realidad»
En este sentido, ha advertido de que « las peores pesadillas se han hecho realidad sabiendo que el proyecto era precipitado, no se había estructurado ni en plazos, ni en presupuesto de manera adecuada y ello lleva a esta situación», al tiempo que ha aclarado que «se ha demostrado lealtad a un proyecto que defendía los intereses de la ciudad y que sigue siendo necesario a día de hoy».
Y es que, «aunque ya se tenga el anuncio de poder contar un escenario a corto plazo de que el Palacio de Congresos ya tiene una propuesta de solución», después de que la Junta de Andalucía haya puesto fecha al reinicio de las obras, el Centro de Convenciones «complementa la oferta para que Córdoba no se quede atrás».
Al respecto, Ambrosio ha detallado que «hay que partir de que conforme pasan los días, se confirma una amenaza que se vio desde el principio», como es que « las precipitaciones y las prisas del gobierno del PP por adjudicar la obra, casi en vísperas de las elecciones municipales de 2015, no era un buen comienzo», ha remarcado.
Desde hace meses la Delegación de Presidencia mantiene «contactos con los técnicos de la empresa adjudicataria», a la que «se le ha reiterado en muchas ocasiones que la voluntad del Ayuntamiento era que la obra concluyera en plazo y que las condiciones que se pactaron desde el principio, que se arrastran desde el mandato del PP, no podían superar de ninguna manera ni los plazos de finalización, ni el presupuesto previsto».
Aún así, «se han hecho dos prórrogas que suponían la dilatación del plazo de ejecución», a la vez que está en trámite para aprobar el modificado que permite poder abonar unos 400.000 euros más que necesitaban las obras, según han apuntado fuentes municipales.
Mientras tanto, Ambrosio considera que « no procede a día de hoy ningún recurso de los planteados por la empresa, porque no se ha incumplido por parte del Consistorio la voluntad que se manifestó, que tanto en el presupuesto, como en el plazo se pudiera cumplir». A tal efecto, ha comentado que «los costes directos de la obra estaban perfectamente establecidos en el pliego de condiciones, pero los costes indirectos no estaban incorporados en el contrato », con lo que «desde el Ayuntamiento no se puede cumplir con la propuesta que hace la empresa», ha aclarado.
