TRIBUNALES
El Consorcio de Bomberos de Córdoba organizó la filtración de exámenes a través de cursos específicos
Tocarse la oreja: ésa la seña concertada para que los evaluadores de la prueba práctica supieran quién era interino
LA lectura del auto del juez de instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, por el que imputa a la número dos del PSOE, Dolores Amo; al gerente del Consorcio de Bomberos de la Diputación, Juan Carandell, y a una quincena de personas más, arroja un relato por el cual el presunto amaño de las oposiciones para 54 plazas de bombero conductor no solamente fue una sucesión de omisiones o descuidos. Relata toda una estrategia conscientemente montada con el objetivo de que trabajadores interinos del cuerpo se presentaran a los exámenes con todos los ases en la manga para sacar la plaza. El magistrado considera los hechos, a primera vista, como presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos con grave perjuicio de tercero o a la causa pública.
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El relato, aún presunto, es el siguiente. Existió una concertación entre la cúpula directiva del Consorcio de Bomberos y los interinos que opositaban que se encauzó por medio del sindicato UGT —descartado el CSIF al no considerarse afín—. No era suficiente con crear una bases a la medida, que solo se aprobaron con el voto del sindicato hermano del PSOE, sino que se montó todo un operativo para que se conocieran las preguntas que eran, además, muy específicas. El juez Rodríguez Laínz señala como filtradores a la vicepresidenta del Consorcio, al director técnico del organismo —también imputado—, al presidente del tribunal de las oposiciones y a miembros del mismo.
Prohibición de copiar los materiales
Las técnicas fueron verdaderamente variadas. Primer ejemplo. «Controlado el diseño del temario», el director técnico designó a una persona para que diese cursos en un centro cívico del Ayuntamiento de La Carlota a los interinos interesados. Se daban clases de cuatro horas para exponer los temas y el último cuarto de hora se destinaban específicamente a los temas que «podían entrar en el examen». Una de las curiosidades de esos cursos es la siguiente: estaba prohibido el uso de cualquier aparato de grabación o copia de los materiales que se repartían. El profesor que dio las clases ha reconoció en sede judicial que pasó las preguntas y que, pasado el tiempo, el director técnico del Consorcio se desvinculó de la responsabilidad de habérselas facilitado. De hecho, ante el juez, dice el auto, el formador reconoció haber tenido acceso a los test psicotécnicos que iban a entrar en el examen. Existen testimonios que aseguran que este profesor directamente facilitaba las preguntas del teórico.
Estos mismos cursos se repitieron en la Mancomunidad de la Subbética ya que realizarlos era relevante. De los diez puntos que se otorgaban por asistir a cursos de formación, seis estaban reservados a quien hubiese estado en las iniciativas formativas que se impartían por los agentes colaboradores. Eso quiere decir que quien tuviese la oportunidad de sentarse en esas aulas tendría una mejor posición. Eso derivó en no pocas presiones para seleccionar a unos alumnos en detrimento de otros.
El caso relatado en los testimonios que también llama la atención es la convocatoria de sesiones secretas en casas apartadas con el objetivo de tener acceso al contenido de los exámenes. Una de ellas tuvo lugar en una vivienda rural en la zona de Posadas organizada por uno de los internos que formaba parte de la comisión que trataba con la dirección del Consorcio de Bomberos. A esa reunión, había que asistir también entre ciertas medidas de seguridad como dejar el móvil.
Organización de grupos
En una pantalla, explica el magistrado, se les iban pasando los test psicotécnicos que iban a caer en el examen. De hecho, se les reclamaba expresamente que preparaban bien un concepto, la aquiescencia, que es lo que el psicólogo del tribunal iba a vigilar específicamente. Tal es el grado de información que se les anunció que, a la finalización del examen tendrían que pasar un examen de drogas. Un testigo del juzgado aseguró que esa información procedía del director técnico del Consorcio de Bomberos. Otro testimonio asegura que se habían montado grupos concretos con un responsable cada uno con el objetivo de dar a conocer las preguntas. Un tercero explica que quien no podía asistir a reuniones como la de Posadas —da la impresión que se celebraron en varias localidades— era informado por teléfono del contenido de las clases.
Un trabajador del Consorcio repartió la consigna de tocarse la oreja para identificarse como interino
La última táctica que se inventaron, presuntamente, para que todo saliera como estaba previsto es que los examinadores del caso práctico debían de tener claro a quién había que beneficiar. Según el relato fáctico establecido por el instructor, el presidente del tribunal de las oposiciones y la secretaría habían exigido que no se suspendiese a ningún interino. A su vez, se prohibió que nadie sacase más de un nueve de puntuación. ¿Cómo saber a quién beneficiar y a quién no en un ejercicio que duró más de 24 horas y en el que participaron cientos de personas? Aunque pueda parecer una broma, viene en el auto: se acordó que los interinos se tocarían la oreja cuando pasasen ante el responsable de evaluar su prueba práctica.
El auto del juez no deja ese cabo suelto porque parece relevante. Dispone incluso de un testimonio que afirma quién fue el trabajador del Consorcio de Bomberos que se dedicó a repartir la consigna de tocarse la oreja para identificarse como interino. Se trata de un trabajador que forma parte de los servicios comunes de la organización de bomberos de la Diputación de Córdoba: el empleado del almacén y la oficina que se encarga de los cuadrantes de turnos. Cualquiera que trabaje en una empresa con muchos empleados sabe que es el lugar donde todo el mundo acaba antes o después a reclamar información.
Lo que empezó siendo una situación para beneficiar a un colectivo concreto, a un grupo de interinos, se convirtió, dicen las fuentes con acceso al material de la investigación, en un auténtico desmadre. El planteamiento que hace el juez es que, durante una reunión interna, la número dos del PSOE cordobés y el gerente del Consorcio se comprometieron a beneficiar a los empleados que llevaban años sin plaza incluso planteando vulneraciones de la legalidad. El juez no se ahorra ningún comentario sobre «la grotesta y directa contravención de la ley».
Información sin control a los interinos
La cuestión es que a los responsables del Consorcio de Bomberos le fue poco menos que imposible controlar que la información que se entregaba a los interinos —dando por buena la tesis de la investigación— quedase en esas manos. Esa es una de las razones, explica el juez instructor, por el que el 97 por ciento de las personas que se presentaron al teórico lograron superarlo. Entre ellos, todos y cada uno de los interinos que optaban a quedarse con la plaza en propiedad.
Quienes han tenido acceso al procedimiento aseguran que lo que ocurrió fue que quien diseñó el sistema no contó con las filtraciones de las filtraciones. Eso obligó a cambiar sobre la marcha los sistemas de identificación de los interinos a los que beneficiar (y a los que no), a modificar casi en tiempo real los criterios sobre las puntuaciones de las distintas pruebas que se tuviera que recurrir a medidas como tocarse la oreja o a avisar directamente a los examinadores.
