El Consistorio amplía a mayo el plazo del Centro de Convenciones

El gobierno municipal ampliará hasta el ocho de mayo de 2017 el plazo de ejecución del Centro de Convenciones que se ejecuta al «tran tran» en el antiguo pabellón sociocultural Miguel Castillejo del Parque Joyero. El equipo de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya dispone de un informe interno de un arquitecta municipal que responde a la propuesta realizada por la empresa adjudicataria, UCOP, de calcular los plazos con respecto a cuestiones no imputables al desarrollo mismo de la obra. Si Intervención da su visto bueno, el asunto podría quedar tramitado este mismo viernes en la Junta de Gobierno Local, explicó el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE).

La decisión aplaza el inicio de las penalizaciones como consecuencia de no haber acabado la obra en el plazo indicado, que concluye hoy, aunque existe un periodo de quince días para evaluar la documentación. Se trata, en realidad, de la apertura de un proceso formal de negociación entre el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa adjudicataria, que ha reclamado legalmente la resolución del contrato y el pago de más de dos millones de euros por distintos conceptos. El Consistorio no tiene planes de pagar esa cantidad y persigue una salida pactada de UCOP. La intención, a medio plazo, es abrir una licitación por lo que resta por construir del Centro de Convenciones si la sociedad mercantil mantiene sus planes de romper la vinculación que le ata al Ayuntamiento de Córdoba.

En torno a medio millón de euros de esa cantidad se debe, según la empresa, a obras no previstas en el proyecto técnico y que han sido ordenadas por la dirección facultativa. El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido que se acredite la realización de estas actuaciones que supondrían una modificación «de facto» de las condiciones de la obra. Los responsables técnicos del Centro de Convenciones no reconocen estos cambios como una revisión al alza del proyecto. La situación es, entonces, paradójica: una firma privada reclama pagos por un trabajo que quien tiene certificar, dice que no se han realizado de esa manera.

La empresa adjudicataria ha recurrido la práctica totalidad de las certificaciones de obras que se han ido pasando y que en estos momentos suman cuantías verdaderamente bajas, de unos 2.000 euros como máximo. Cantidades nimias muy alejadas de lo que debería ser en estos momentos el final de una actuación que apenas supera el 50 por ciento de grado de ejecución.

El gobierno municipal reconoce que se trata de una situación muy compleja y achaca la coyuntura, en primer lugar, a un enfrentamiento abierto entre la empresa contratista y los responsables técnicos del proyecto. En segunda instancia, asegura que el maremágnum de recursos y contrarrecursos emprendidos genera una sitaución de inseguridad que no beneficia una salida consensuada. Finalmente, se asegura que a la empresa no le salen las cuentas de un proyecto caro y que se comprometió a desarrollar por un presupuesto a la baja.