Mirar y ver
Consenso, pluralismo y libertad
El milagro educativo sería que la política no afectase a la educación de nuestros hijos
El milagro educativo del país será que el sometimiento político al que la educación se ve entregada no afecte a la formación de nuestros niños y jóvenes. Cada cambio de gobierno ha promulgado una nueva ley de educación: desde el comienzo de la democracia se han seguido una de la UCD, cuatro del PSOE, dos del PP y ahora la Lomloe del Gobierno de Sánchez . Este disparate hace recapacitar sobre la imprescindible despolitización del tema educativo y exigir un pacto por la educación que la considere como valor primordial por sí misma.
La nueva ley de educación, Lomloe-Celaá , en una visión desacertada por restrictiva, establece la educación pública como única garante del derecho a la educación, abriendo serias limitaciones para los centros concertados.
En Córdoba son muchos los centros concertados, la mayoría de titularidad católica, en el derecho que asiste a la Iglesia para el ejercicio de su tarea educadora. Estos ofrecen, entre la diversidad de propuestas educativas, un modelo de educación fundamentado en los valores del Evangelio y de la escuela católica , una formación integral que incluye la dimensión trascendente y la experiencia de fe en su proyecto educativo, junto a la búsqueda de la excelencia y la calidad de sus enseñanzas y servicios. Estudié en el Colegio de las Esclavas de la ciudad, elegí para la educación de mis hijos la concertada y somos muchos los que nos sentimos parte de ella y agradecidos a la labor que realizan.
La ley no aprecia que la existencia de estos centros, y de otros con concierto, es verificación de la libertad de enseñanza , necesaria en una sociedad democrática, y que el sostenimiento con fondos públicos hace que puedan acceder a ellos quienes los elijan. Esta pluralidad permite el derecho a la educación, la libre elección de centro y la equidad e igualdad de derechos y oportunidades. Además, la ley parte del enfoque de derechos de la infancia y de la obligación del Estado de asegurarlos -evidentemente-, pero ha de hacerlo desde el principio de subsidiariedad. Son las familias quienes velan y hacen efectivos los derechos de sus hijos, quienes deciden cómo y dónde educarlos. Al Estado le toca hacerlo posible, le guste o no el carácter o el ideario del centro, porque si no existe opción no hay elección.
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