Una comunidad de Levante en Córdoba ya tiene su ascensor en obras tras 12 años de lucha con la Junta

En un bloque de viviendas de la calle Pintor García Guijo , en el barrio de Levante, sus inquilinos llevan buena parte de su vida esperando algo tan simple como un ascensor. Son 17 vecinos que tienen una media de edad que supera de largo los 80, dice Rafi, una de las propietarias. «Yo soy de las más jóvenes y tengo 73», afirma. Los doce últimos años los han pasado porfiando con la Junta de Andalucía para conseguir la prometida, una y mil veces, subvención para conceder el elevador. Las buenas palabras no sirvieron de nada y así fue como los vecinos llegaron a una solución drástica pero sumamente efectiva: demandar a la Junta para exigir lo acordado. Y ganaron.

Las obras de su ascensor comenzaron en noviembre del año pasado y ya están avanzadas. Un gran agujero en el patio interior lo atestigua. Rafi, que ejerce como portavoz de los vecinos y conoce bien el caso, recuerda que «por fin ya lo hemos conseguido, pero ha sido porque denunciamos. Si perdíamos, pues mala suerte, pero es que no nos hacían caso ninguno. Ganamos y ni siquiera hubo juicio. Cuando el juez lo vio supimos que lo teníamos ganado. Y por fin ya han empezado».

Éste es un ejemplo del limbo en el que la Junta de Andalucía dejó a decenas de comunidades de vecinos con las que tenía firmados compromisos en firme para financiar el ascensor. Cuando llegaron las vacas flacas, las promesas se esfumaron. «Se estaban riendo de nosotros y nos dijeron que estaba todo parado y que no había dinero», rememora Rafi sobre el largo proceso. Por suerte para estos vecinos de Levante , los papeles no desaparecen con tanta facilidad, y un administrador de fincas avezado, Juan José Contíñez , echó mano de ellos y se plantó en los tribunales junto al abogado Enrique Checa . «Sin ellos no tendríamos ascensor», agradece Rafi, que compró su piso hace medio siglo.

La obra del ascensor costará 101.747 euros con el IVA incluido, la misma cantidad que tenían presupuestada los vecinos hace más de una década, cuando arrancaron los trámites. Ahora las cosas son diferentes: no se puede instalar el mismo modelo de elevador -era hidráulico y ahora tiene que ser eléctrico- y el IVA es más elevado que entonces. La empresa contratada, asegura Contíñez, ha asumido la diferencia para que los vecinos no tengan que poner más dinero del que ya ahorraron en su día.

De esa cantidad, la J unta de Andalucía pagará, si no lo ha hecho ya, 87.128 euros, lo que supone el 85 por ciento del coste. Tuvo que ser un juez quien estableciera la cantidad, pero los intereses de demora sólo se cuentan desde 2017, cuando se añadió una adenda al convenio, y no desde 2009, cuando se firmó el acuerdo. «Han estado ocho años diciendo que falta un papel que no pidieron hasta 2017», cuenta el administrador de la finca. Además, la Administración autonómica no se hace cargo del incremento del IVA de la obra y las costas del juicio son compartidas.

Los vecinos están ya deseosos de poder estrenar su ascensor, porque «aquí hay personas que sólo ven ventanas» al no poder salir de sus casas por los achaques de la edad, dice Rafi . La constructora no quiere anunciar una fecha de terminación de la obra, pero Contíñez estima que una actuación como ésta dura unos ocho meses. Si todo va bien, para el verano los vecinos podrán subir a sus viviendas con comodidad, como debió ser desde hace 12 años.