Una comisión de investigación con acento cordobés

La comisión de investigación parlamentaria por el fraude en la formación tendrá su toque cordobés ; como no podía ser menos en un caso que ha salpicado a toda Andalucía. Así, en la lista de comparecientes, aprobada por los grupos políticos, hay varios que suenan mucho por estos lares. El que más, es el que fuera alcalde de Pozoblanco, delegado de Empleo de la Junta en Córdoba de 2004 a 2012 y uno de los barones provinciales del PSOE, Antonio Fernández . Su nombre se ha visto ligado a las investigaciones del fraude de los cursos de formación de forma intensa en 2015.

Especialmente sonado fue el episodio en el que, el 24 de marzo del año pasado, la Guardia Civil lo detuvo en su domicilio, en el mrco de la operación «Barrado», una de las desencadenadas por las fuerzas de Seguridad del Estado en este caso.

Tras comparecer un día después ante la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez Mercedes Alaya, quedó en libertad , pero la magistrada le imputó por malversación y prevaricación. En concreto, se le investiga por facilitar con desidia o dolo múltiples irregularidades que permitieron que la Delegación que dirigía pagara millones a empresas que no cumplían los requisitos para organizar cursos de formación.

Fernández tuvo compañía cordobesa en el citado episodio que le llevó ante la juez Alaya . Junto a él fue detenida la exdirectora general de Formación de la Junta, María José Lara . Quedó también en libertad con cargos . Además, se le impuso una fianza civil de un millón , para hacer frente a posibles responsabilidades económicas que se pudieran derivar del proceso judicial.

Otro rostro cordobés que se dejará ver en la comisión parlamentaria será el de Manuel Gavilán, quien fue jefe del Servicio de Formación de la Junta en Córdoba . Ya pasó ante la juez Alaya. En su caso, fue el pasado verano. La magistrada le acusó a él y a otros diez jefes de servicio de otras provincias por «las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones».

Todos ellos están citados por la comisión parlamentaria -aún no hay fechas de comparecencia- y la asistencia es obligatoria . Lógicamente mantienen su derecho a no responder , al que es habitual que se acojan en este tipo de foros de investigación quienes se encuentran inmersos en procesos judiciales, como es el caso de los tres cordobeses citados.