El cogobierno de las personas, criticado por la situación de los Servicios Sociales en Córdoba

Unas 200 personas del distrito Sur , uno de los más pobres de España según el INE, están pendientes de ser recibidas en los servicios sociales municipales y no lo harán hasta el próximo mes de junio por la lista de espera. Falta personal, cierto, pero también hay un problema serio de bajas laborales no cubiertas. Y, para acabar de arreglarlo, hay un conflicto laboral por las oposiciones convocadas para 18 trabajadoras.

Los grupos políticos llegaron ayer, antes del Pleno , a un acuerdo casi general sobre la necesidad de tener más personal y recursos con el objetivo de que incrementar los recursos. Los partidos trabajaron sobre un texto inicial del PP del que solo se descolgó Ganemos porque no están de acuerdo con la solución que se le pretende dar a trece trabajadoras que están trabajando ya en el área, que entraron de manera temporal y ganaron la situación de indefinidas mediante sentencia judicial.

Todos los partidos coincidieron en que la situación precisa de un incremento de fondos. El gobierno municipal sostiene que ha aumentado las partidas presupuestarias aunque incluso desde los socios de Ganemos se acusa al equipo municipal de haber dejado pasar el mandato sin haber tomado medidas claras para cambiar la situación. «A ver si nos ponemos las pilas que estamos a final de legislatura», dijo la edil Vicky López en una dura (durísima) intervención.

Buena parte de las salidas se han solventado hasta el momento mediante contratos temporales lo que se entiende como una precarización del personal que se dedica a estas cuestiones. El delegado de Servicios Sociales, Juan Hidalgo (IU), defendió que la situación de esperas no es generalizada sino que se circunscribe a tres de los nueve centros especializados. Explicó los problemas de personal que se han generado y la reorganización que tiene en marcha con el objetivo de cubrir los lugares con mayor déficit de personal. IU afirmó que se han triplicado los recursos presupuestarios durante el mandato, de ocho a 24 millones.

Los grupos políticos no llegaron al acuerdo de qué hacer con las trece trabajadoras que entraron con una ayuda temporal de la Junta y se quedaron a trabajar, en algunos casos, quince años. Reclaman la paralización de la oposición de 18 funcionarios con el objetivo de establecer las medidas de estabilización. Es decir, que se establezca un procedimiento que tenga en cuenta los servicios prestados. Los grupos no están de acuerdo en parar las oposiciones una vez convocadas. Se pedirá un informe urgente para ver si es legal establecer un procedimiento específico.