Política
El cogobierno denuncia que hay 1,1 millones sin gastar para zonas desfavorecidas de Córdoba
El Ayuntamiento pedirá a la Junta que le permita gastar el dinero en las próximas anualidades
El cogobierno de PP y Cs acaba de denunciar otro « regalo » envenenado que le ha dejado la anterior corporación. En este caso se trata de más de 1,1 millones de euros de la Junta de Andalucía para actuar en zonas desfavorecidas. Según ha relatado esta mañana la delegada de Asuntos Sociales, Eva Timoteo (Cs), ese dinero tenía que estar ya gastado, puesto que su fecha tope para invertirlo es el 31 de agosto . No ha sido así.
Las partidas de la Junta van destinadas a la contratación de trabajadores (18 plazas) y educadores sociales (otras 11) que trabajarían en las tres zonas desfavorecidas de la ciudad: Moreras, Palmeras y Sector Sur . El plazo para gestionar las cantidades comenzó el 1 de septiembre de 2018 y finaliza el 31 de agosto de este año. Cada anualidad, hasta el año 2022, se repite el mismo proceso.
De acuerdo con las explicaciones de Timoteo , el anterior equipo de gobierno no decidió hasta marzo de este año la forma en que se iba a contratar a los trabajadores. Y optó por realizar «un examen », que se celebró hace tres semanas, ante la imposibilidad de recurrir a una bolsa de trabajo que no existe en Córdoba , una solución que sí se ha adoptado en otras ciudades que tienen acceso al mismo plan.
Para colmo de males, la mayoría de los aspirantes a esos puestos de trabajo suspendieron la prueba ; sólo cuatro educadores sociales consiguieron superarla. Como resultado, ahora el Ayuntamiento de Córdoba se encuentra con un serio problema para poder gastar ese dinero a tiempo. «Trabajamos a marhaz forzadas con la delegación de Recursos Humanos para buscar una solución. Sería muy penoso y lamentable que se quede sin aprovechar ese dinero», ha dicho Timoteo en rueda de prensa.
La solución más sencilla para no perder esos 1,1 millones de euros es solicitar clemencia a la Junta , como ya se ha hecho en otras ocasiones ante los retrasos en determinados proyectos con aportación de la Administración autonómica. Se trata de pedir una autorización para que ese dinero se pueda gastar en la próxima anualidad que comienza a partir del 1 de septiembre, al menos la parte que no haya dado tiempo a gastar.
Noticias relacionadas