El código Crespín

Reconozco que no daba crédito a la perorata que la delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín , le soltó a la periodista de ABC Pilar García-Baquero cuando le preguntó por los contratos Emple@ de las entidades afines al PSOE que se han puesto en tela de juicio durante los últimos días. «Cuando un ciudadano siente lesionados sus derechos, animo a que en vez de irse a un medio de comunicación, vaya donde tiene que ir», dijo la primera autoridad autonómica en la provincia, una de esos responsables políticos que ha escalado posiciones (es, formalmente, la número cuatro de la ejecutiva andaluza del PSOE) sin que nadie se explique exactamente cuáles son las virtudes que le adornan. En un ratico, en esos minutos de conversación, la representante de la Junta muestra su contrariedad por haber conocido los hechos por un periódico en vez del trámite correcto . Esto es, armados con abogado y procurador, un grupo de personas con un empleo temporal y camino de las listas del desempleo tendrían que haber realizado acto de presencia en un juzgado para pedir amparo ante lo que consideran una vulneración de sus derechos. Ole por la socialdemocracia .

«No tenemos competencia para abrir una investigación», afirma Crespín en su alocución. Es una mentira y de las gordas. Todas las administraciones que conceden ayudas disponen de herramientas más que suficientes al amparo de la ley general de subvenciones. Desde los procedimientos de reintegro hasta la comunicación inmediata de cualquier irregularidad que pudiera ser objeto de un ilícito penal. Todos los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación expresa de poner en conocimiento de las autoridades judiciales cualquier hecho que se salga de la norma. Tanto es así que el Código Penal tiene un artículo concreto para castigar a quien no lo hace, el 408, con inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Y un elemento añadido. Claro que es responsabilidad de la Junta de Andalucía controlar que el dinero que se entrega a entidades externas vaya exactamente a los fines para los que estuvieron comprometidos. Y no a otros. Total o parcialmente. Es responsabilidad suya. No solamente suya pero principalmente suya.

El código Crespín se salta a piola un elemento fundamental de toda esta historia . Su papel no es ponerse de perfil sino de parte del más débil. Si hay alguien que tiene problemas, el rol de la delegada, para lo que se le paga el salario, no es informar de que las oficinas están abiertas de ocho a tres. Al contrario, es mostrar una mínima empatía. Generar la confianza suficiente para que las personas que disponen de información la pongan en las manos adecuadas y garantizarles que se va a llegar hasta el fondo de la cuestión. Que nadie se queda con el dinero de nadie sin que le cueste un dolor de cabeza. Establecer, cuando existen elementos de certeza (este periódico ha reproducido un archivo de audio, documentos bancarios o compromisos de pago que son bastante descriptivos), dónde está el bien y dónde el mal.

Igual Crespín debería preguntarse por qué los documentos, las quejas, no acabaron en su mesa antes que en cualquier otro sitio . Por qué las personas que han documentado su situación o la han contado libremente no se sienten tan tranquilos al hablar con un cargo de la Junta que si se lo cuentan a políticos del Partido Popular o de Izquierda Unida que ya tienen conocimiento directo de todo. Porque no se fían, señora delegada . Porque no se creen que se vaya a mover un dedo por ellos en ese manto de influencias cruzadas. De complicidades políticas.

Hace días, una persona afectada por los donativos obligatorios se puso en contacto con un alto cargo de la Junta en Córdoba para exponerle la situación que se vive en las entidades afines al PSOE (y lo que te rondaré, morena). En el despacho de esa autoridad le devolvieron la llamada para una reunión . Entre medias, la delegada del Gobierno hizo estas desafortundadísimas declaraciones. La persona afectada canceló el encuentro tras escuchar a Crespín . Total, para qué.