Ciudad de la Justicia de Córdoba
José Antonio Guerra, secretario coordinador: «Si se mejora la retribución, será más fácil cubrir las bajas»
Los 66 funcionarios del cuerpo superior de Justicia piden mejoras que han tumbado los recursos de los sindicatos
La huelga de Letrados de la Administración Pública de Justicia deja la actividad judicial casi paralizada en Córdoba
El secretario coordinador de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, José Antonio Guerra , habla a ABC del conflicto laboral en el que está sumido este Cuerpo Superior que depende del Ministerio. Se afana en aclarar que lo hace como « superior jerárquico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) , no como miembro del comité de huelga».
Desde principios de este año los LAJ de toda España estaban llamados a a la huelga. El primer paro, el pasado 26 de enero , provocó que más de 200 juicios y actos jurídicos quedaran suspendidos en la provincia . El segundo fue la pasada semana con dos paros. Guerra recuerda que «la huelga la ha convocado una asociación, que ya tiene también previsto otra convocatoria para abril».
El secretario coordinador en Córdoba insiste en el hecho de que estas reivindicaciones « son históricas; vienen desde el año 2013 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el posterior desarrollo en 2009 , en el que se establecieron más funciones y competencias al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En ese momento había un compromiso de retribuir dicha asunción de responsabilidades».
De hecho, recuerda que « el compromiso se recoge en una disposición de la ley de presupuesto este pasado año, pero al entender de las asociaciones de letrados no se ha cumplido ».
Negociaciones
Guerra explica que este cuerpo superior que depende del Ministerio de Justicia hasta ahora se incluye en la lista de las elecciones sindicales con el resto de los funcionarios y entonces, al ser tan pocos dentro del funcionariado, se quedan diluidos . «A la hora de tener poder de representación para una negociación se complica, porque si en Córdoba hay 750 funcionarios y 66 Letrados de la Adminstración de Justicia no podemos en igualdad tener la representación y al discutir las cuestiones que nos afectan a nosotros, los sindicatos las recurren y no nos llevan a buen puerto», se lamenta.
Los sindicatos han tumbado mejoras salariales como las que ya venían en el Real Decreto de sustituciones. Para ellos, recuerda Guerra, « si se incrementa la retribución de sustituciones, habrá más agilidad para cubrir bajas ».
De hecho, el letrado coordinador asegura que ahora mismo en Córdoba hay juzgados que están vacantes y que tardan en que se cubran. En este punto Guerra tiene que acordar o bien una sustitución voluntaria o bien una sustitución forzosa.
Un Letrado de la Administración de Justicia cobra por esa sustitución voluntaria unos 400 euros más , pero eso no llega a los 750 u 800 euros que es lo que debería cobrar un letrado llevando otro órgano más. Guerra insiste en que «si el Ministerio tira de bolsa de sustitutos tendrá que pagar unos 2.000 euros en lugar de esos 700 u 800 euros, que sería un incremento razonable por sustitución y llevar la responsabilidad de dos juzgados ».
Esa subida, a su juicio, «no es desorbitada y estaría equiparada a lo que cobra también los jueces en la sustituciones». El reflejo de lo poco atractivo que resulta económicamente para un letrado hacer una sustitución es que los Juzgados de lo Penal 1 y 4 de Córdoba llevan meses sin cubrirse porque el Ministerio no autorizó sustitutos .
«La subida por las sustituciones que piden los LAJ no es desorbitada y estaría equiparada a lo que cobran también los jueces por las sustituciones»
Hay profesionales que han tenido que hacer doblete con más responsabilidad y no mucha retribución. Faltan, además, letrados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y en el Servicio de Notificaciones .
A esto se une, según Guerra, « que adolecemos de falta de letrados sustitutos porque la bolsa lleva paralizada un tiempo y aún sin convocatoria». El otro gran problema es la carga laboral que tienen tras asumir con el cambio legislativo más de un centenar de nuevas funciones.
Ahora, también, añade Guerra, « con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que hay que realizar un control y seguimiento de las órdenes de protección de la colocación de la pulsera. A esto se unen las guardias con disponibilidad 24 horas y que apenas cobran 30 euros por registro». Guerra confía en que se solucione pronto el conflicto pidiendo ante todo « que no haya división entre los compañeros ».
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