El cerco a Cosmos en Córdoba, pendiente de un informe sanitario de la Junta

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana para impedir que Cosmos sustituya parcialmente combustibles fósiles por residuos no peligrosos se llevará a Pleno en cuanto la Gerencia de Urbanismo disponga del dictamen sobre impacto en la salud pública de la actividad que se lleva a cabo y de las medidas que pretende poner en marcha el Ayuntamiento para evitarlo. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo dictaminó la aprobación provisional del cambio del PGOU que prohíbe este tipo de fuentes de alimentación tanto en el núcleo principal de la ciudad de Córdoba como en los polígonos industriales. El planteamiento de Urbanismo es que las industrias, actuales o futuras, que quieran desarrollar esta forma de alimentación de sus procesos productivos tienen que estar obligatoriamente en suelo no urbanizable de la campiña.

La petición del dictamen es, en sí misma, una rectificación. Desde los recientes cambios de la legislación autonómica, las innovaciones del Plan General exigen dictámenes previos que antes no existían como el que tiene que ver con la salud pública. La Gerencia inició el procedimiento dando por hecho que no era necesario este informe por el carácter normativo del cambio del Plan General que se estaba emprendiendo. La realidad es que se ha pedido en asuntos de menor calado como la construcción de un campo de fútbol en Santa Cruz o para la realización de la superficie comercial de Rabanales 21.

La decisión de cambiar de criterio sobre la marcha obliga a la Junta a una toma de posesión. El Gobierno andaluz ha tenido una posición que puede caracterizarse como precavida. El PSOE local quiere que Cosmos se quede , a corto plazo, pero no cambiando los combustibles que ya utiliza y expresando dudas sobre determinados aspectos de la norma. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente (que es también de Ordenación del Territorio) ha optado por ampliar la Autorización Ambiental Integrada que tiene la fábrica para quemar residuos desde el año 2007. Además, ha inscrito a la cementera en los registros correspondientes. Desde el primer momento, el consejero, José Fiscal , ha asegurado que esta polémica es un asunto municipal. El Gobierno andaluz lleva años participando en los actos de la industria del cemento donde se abordan cuestiones como el uso de las fábricas para la eliminación de residuos.

Nadie entendía muy bien en el Consistorio por qué la aprobación provisional no se llevaba al Pleno como suele ser habitual. En la siguiente sesión plenaria que tiene lugar tras el consejo rector donde se toma la decisión. El último acuerdo entre PSOE e IU más Ganemos generó una fuerte resistencia por parte de los agentes económicos. Tanto la Confederación de Empresarios como los sindicatos mayoritarios han advertido de que la decisión puede tener un fuerte coste en el empleo. UGT, el sindicato hermano del PSOE, pidió la retirada de la medida.