TRIBUNALES

El «caso Rocket» pasa a manos de la octava jueza de instrucción en el Juzgado de Peñarroya 2

La Fiscalía confía en que esta sustituta sea la definitiva hasta, al menos, concluir la investigación y determinar imputaciones

Operación Rocket de la Guardia Civil en Peñarroya CRISTINA FERNÁNDEZ

P. García-baquero.

La investigación judicial del caso «Rocket» la acaba de asumir la octava juez, en este caso, la magistrada Guadalupe Domínguez que viene a sustituir a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya, Laura de la Haba.

La Fiscalía apuesta porque esta magistrada suplente continúe y conlcuya la instrucción antes de que finalice el año depurando las posibles acusaciones entre los detenidos e investigados por supuesto fraude millonario en la gestión de los Fondos Miner.

La trama de irregularidades en la gestión de estos fondos europeos en Peñarroya se volvió a parar a finales del pasado año , a lo que hay que sumar el ralentí durante el Estado de Alarma, con el traslado del juez que llevaba la instrucción, y que fue capaz de darle un empujón a esta marocausa de modo que arrojasen luz al entramado de presunto fraude de ayudas. Lo hacía después de un sexenio de instrucción y de pasar por las manos de seis jueces (tres titulares y otros tantos sustitutos) al que ahora se sumaba la séptima jueza titular, y que, a su vez a sido sustituida por una baja.

El sillón de la magistrada que se encarga ahora de la causa, en el Juzgado de Instrucción 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, ha estado hasta cuatro veces sin titular, y otras tantas en medio de estos períodos con jueces sustitutos desde que la Guardia Civil colocó las esposas a la exalcaldesa de Peñarroya María Luisa Ruiz (PSOE) y saltó por los aires el "statu quo" de esta tranquila comarca minera del Guadiato en 2013. La causa quedó varada dos años con el baile de responsables en el Juzgado y ante la imposibilidad de digitalizar y facilitar el manejo de un expediente que sumaba más de 15.000 folios y 16 tomos.

El empuje definitivo junto a Fiscalía

Los dos últimos jueces titulares que han pasado por Peñarroya 2 en tres años han sido los que han cogido al toro por los cuernos. El penúltimo magistrado, que acababa de obtener un traslado y que sustituyó a la jueza Rocío Dama, en un mano a mano con el fiscal encargado del caso ha llegado con declaraciones periódicas y sin pausa prácticamente al final de la instrucción.

Este magistrado se encargó de llamar a declarar a peritos especializados en tasar algo tan excepcional como la restauración de un ferrocarril minero —para comprobar si las facturas estaban infladas — así como a los empresarios que formaron parte de esa trama política en la que desaparecieron o tienen un destino desconocido millones de euros de los fondos públicos Miner. Presupuestos, cuentas, auditorías y el dinero no aparece.

Cada vez que llega un nuevo juez tarda al menos un mes en poder leer la causa y «hacerse con el sumario» . «Un magistrado sustituto, que llegue por un mes, como ha pasado en este proceso, no podrá ni mirar el asunto, porque se tendrá que encargar del día a día del juzgado», señalan estas mismas fuentes.

De hecho, fuentes de la Fiscalía señalan que la nueva jueza que se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción « espera que permanezca los meses suficientes para conlcuir esa delicada instrucción» .

Lo que hay detrás son presuntas irregularidades en la gestión de proyectos cuya subvención suma 12,5 millones de euros, cuando Ruiz era la primera edil. Está bajo examen judicial, por tanto, casi la mitad de los fondos Miner recibidos por la localidad desde 2005 , que a su vez logró el 40% del dinero destinado a la reactivación de municipios mineros sin actividad.

De los 11 investigados —incluidos los dos empresarios detenidos además de la propia exalcaldesa de Peñarroya— en un primer momento por la Guardia Civil el panorama ha ido cambiando a lo largo de la instrucción, después de que declararan empresarios, proveedores, testigos, peritos, y los propios investigados —ahora, son en torno a una docena los investigados sobre los que la nueva jueza deberá aclarar su situación procesal —.

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