Caso Infraestructuras | PP y Cs pactaron la destitución automática de todo imputado en Córdoba

El Partido Popular y Ciudadanos dejaron por escrito en su acuerdo de gobierno un régimen de responsabilidades políticas como consecuencia de investigaciones judiciales de asuntos de corrupción (lo que se llaman delitos contra la Administración Pública). El texto del acuerdo de gobierno que dio lugar a la Alcaldía de José María Bellido establece la destitución inmediata de todos los imputados por presuntos delitos de corrupción.

La redacción del acuerdo, en su punto cuarto, es una sencilla traslación del régimen estatutario de Ciudadanos que entiende que la mera consideración de una persona como investigada implica su salida inmediata . En Cs se extiende este régimen disciplinaria tanto a cargos electos como a cualquier persona nombrada por el partido en las entidades públicas. Otros partidos señalan que el momento para activar las responsabilidades políticas es cuando se dicta un auto de procesamiento. Cuando un representante público conoce que se va a sentar en un banquillo. Esa es la razón por la que Isabel Ambrosio no tuvo que dimitir en su paso por la situación procesal de investigada por las obras de su parcela.

En estos momentos, no existe nadie relacionado con el caso Infraestructuras que tenga la consideración de investigado o imputado . Es decir, nadie ha sido, por el momento, citado a declarar asistido por un abogado tras apreciarse indicios de la comisión de un delito. El asunto que está en el juzgado señala, de momento, a la coordinadora general de Infraestructuras y a un funcionario municipal.

La llegada del caso a un juzgado de instrucción implica, casi con total seguridad, la imputación de, al menos, estas dos personas para conocer su versión de los hechos protegidos por todas las garantías constitucionales. El edil David Dorado no se ha mostrado partidario de destituir a su coordinadora general hasta la existencia de una sentencia firme. Ni los estatutos de su partido ni el acuerdo de gobierno permiten tal posibilidad. El edil ya ha explicado que no tiene intención de prescindir de la coordinadora del área hasta tanto no exista una sentencia. Los nombramientos y destituciones de altos cargos los firma el alcalde .

El grupo municipal de Ciudadanos es el que ha acumulado más problemas de señalamientos por problemas de gestión. Salvo Antonio Álvarez, responsable de Comercio, el resto de ediles se han encontrado con serios apuros en su desempeño en el gobierno. Eva Timoteo dimitió por compatibilizar su salario público con el despacho de procuradora. En ese caso, no hubo imputación. La situación con los contratos es tremendamente complicada porque el Ayuntamiento de Córdoba aparece como codenunciante de un caso que salpica, en primera instancia, a uno de sus cargos directivos.

La oposición está manteniendo la presión sobre el gobierno que está a la espera de que Ciudadanos explique qué va a ocurrir. La portavoz municipal del PSOE y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, ha exigido al PP que rompa el acuerdo que mantiene con Ciudadanos si no quiere ser «cómplice en esta situación». La exalcaldesa explicó que Cs vino a regenerar la vidan pública pero que ha terminado acumulando los mayores problemas durante la corporación municipal.

Por su parte, Izquierda Unida ha anunciado que va a pedir información concreta de la auditoría encargada por David Dorado que es la que ha sustentado la denuncia presentada en la Fiscalía por presuntos sobreprecios. Pedro García ha asegurado que no existe información oficial alguna sobre quién encargó el informe a un ingeniero, cuánto costó o cómo se pagó. De hecho, aseguró que los altos funcionarios de fiscalización ni siquiera tienen conocimiento del informe presentado.