AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Caso Infraestructuras | El juez pide datos de los controles internos de contratos
La investigación reservada pendiente, congelada hasta que Fiscalía decida
El juez imputa al jefe del área municipal y a la ex coordinadora general
El Ayuntamiento de Córdoba tiene las puertas abiertas para presentarse como perjudiciado, y por ende como acusación particular, en el procedimento judicial del caso Infraestructuras, basado en el fraccionamiento de contratos para eludir los controles que obligan a la entrada de competencia en la selección .
El problema es que tendrá que dar también una serie de explicaciones que versan sobre controles internos. Buena parte del caso por el que hay, de momento, dos imputados se basa en que el Área de Infraestructuras troceaba las obras de alumbrado para que no superaran el límite legal que obliga a hacerlas usando procedimientos competitivos y transparentes.
El juez que lleva el caso ha pedido al Consistorio información muy precisa sobre la organización interna del área. Por ejemplo, quiere saber si existe una lista de empresas que son invitadas de forma recurrente a los contratos de alumbrado.
También ha pedido que se le faciliten datos sobre qué medidas había en marcha en el Consistorio para promover la competencia que, recuerda en el auto, es una obligación que aparece en la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017 . Producto, además, de una transposición de una directiva europea que se creó, precisamente, para evitar los fraudes.
El criterio de la Asesoría Jurídica
El Consistorio ya realizó una investigación sobre esa materia que puede responder las preguntas de juez Rodríguez Laínz . La Asesoría Jurídica concluyó que, con las nuevas instrucciones de contratación aprobadas al inicio del mandato, ese proceso presunto de trocear contratos no hubiera sido posible. El texto que se autorizó por la Junta de Gobierno Local obligaba a que se colgase en una web pública, el Portal de Contratación , todos los encargos que superasen los tres mil euros. Se trata de un lugar donde acuden habitualmente las empresas interesadas en trabajar para la Administración para saber cuáles son los contratos que están en ese momento en el aire.
La realidad , decía aquel informe, es que las instrucciones nunca llegaron a ponerse en marcha. El gobierno municipal decidió suspenderlas porque los servicios técnicos de las concejalías aseguraban que no tenían ni la formación suficiente ni el personal necesario para sustituir un envío certificado de correos electrónicos por el procedimiento tecnológico de meter datos en una web. El Consistorio anunció recientemente que vuelve a adoptar esa política aunque, de momento, solo se han consignado cinco contratos superiores a 3.000 euros. El juzgado ha pedido también datos mercantiles de una decena de empresas para saber si existen relaciones cruzadas entre ellas que pudieran derivar en que, con distintas mercantiles, trabajaban y ganaban dinero las mismas personas.
Uno de los asuntos que aún queda por saber es qué pasa con la denuncia presentada por el exedil de I nfraestructuras David Dorado, en la que denunciaban cinco años de presupuestos presupuestos inflados. El asunto está bajo estudio de la Fiscalía que aún no ha tomado la decisión de si lo manda al juzgado si decreta su archivo. De hecho, el Ayuntamiento de Córdoba pidió al secretario general del Pleno una información reservada que vertificase esa información. Está congelada hasta que la Fiscalía se pronuncie.
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