Tribunales
Caso Infraestructuras | Dorado arremete contra el alcalde y niega cualquier irregularidad en las obras
Tras tres horas de declaración, el portavoz municipal de Cs ha asegurado que le debe restituir de todos sus cargos
Caso Infraestructuras| El juez llama a declarar como testigo al portavoz municipal de Cs David Dorado
Cinco claves para entender el 'caso Infraestructuras' que ha estallado en el Ayuntamiento de Córdoba
A las 10.17 horas, el exconcejal de Infraestructuras, David Dorado ha entrado este miércoles a declarar ante el juez instructor José Luis Rodríguez Laínz sobre el caso Infraestructuras negando cualquier tipo de irregularidad en los contratos y arremetiendo contra el a lcalde de Córdoba, José María Bellido , a su salida.
Durante más de tres horas, Dorado ha dado explicaciones en calidad de testigo sobre los contratos que están bajo lupa por supuestas irregularidades denunciadas por la Fiscalía de Córdoba , basadas en la denuncia de Unidas Podemos e IU.
Dorado ha declarado a los periodistas a su salida de la sala que ha explicado al juez que « no ha habido ningún tipo de delito en el área de Infraestructuras bajo su mando; es más, el juez lo sabe ya. El juez me ha preguntado por algunos contratos, y se ha visto que todo se ha hecho conforme a los procedimientos ».
El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba ha arremetido a su salida de la sala de vistas donde dijo que todo era una trama política contra todos , desde los que interpusieron la denuncia -IU y Podemos- al alcalde José María Bellido incluso a los miembros de su propio partido. Dorado está convencido de que «han ido a por él».
«Mala fe»
En sus declaraciones a ABC ha asegurado que desde IU y Podemos « sí han actuado de mala fe, para montar un circo ; de hecho no se han personado en la causa, esto lo han hecho para consumir los recursos de la Justicia, calumniarme; en fin, tendrán su respuesta más adelante».
Dorado ha lanzado una advertencia: « A partir de ahora veremos qué trabajadores se pueden relajar y cuales no ; nada más que ver los 200 titulares de prensa, reiterando lo mismo y con muchas mentiras no se va a acabar aquí».
Pero si en sus declaraciones hay una frase lapidaria es hablando sobre los miembros de su propio partido y del propio alcalde. En este sentido, el aún portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de de Córdoba ha espetado: « Habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora, porque ahora no es sólo restituir todos mis cargos sino a todo mi equipo».
«Habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora, porque ahora tendrán no sólo restituirme de todos mis cargos sino a todo mi equipo»
Dorado ha lamentado que «le hayan retirado de sus cargos, y pide que le restituir de todos, de la cuarta tenencia de Alcaldía, la delegación de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sadeco que no tiene nada que ver con este caso y que también me quitó el alcalde».
«Mi interés no es montar un circo, sino que se restituyan estos cargos, para restablecer el orden y la justicia y que cada palo aguante su vela. Si la denuncia que he interpuesto avanza en Fiscalía y si pasa a juicio y una de las personas que tengo que interrogar es el propio alcalde pues que vaya, como he venido yo», ha afirmado Dorado. «De la misma manera que he planteado acciones judiciales por abrir una correspondencia que iba a mi nombre, lo haré que caiga quien caiga», ha apostillado Dorado.
El exportavoz de Cs ha reconocido después de las tres horas de declaración por este caso Infraestructuras ante el juez que se siente «liberado después de hablar, donde iba a decir las cosas es ante el juez , espero que sea la recta final y un cambio de ciclo porque aún hay cosas pendientes».
En este sentido, Dorado hacía referencia a la otra investigación abierta por el Ministerio Público a petición suya tras una auditoría externa por presuntos sobrecostes en la compra de materiales de iluminación que afectaría también durante los dos mandatos municipales anteriores.
Dorado ha asegurado que «ha podido haber obstrucción a la Justicia porque le han requerido documentación desde el año 2012, que estaba José Antonio Nieto como alcalde también , y que deberían preguntarle al secretario instructor que lo ha requerido a los órganos del Ayuntamiento y éstos le han negado la documentación». En este sentido, ha añadido que han interrogado ya a varios empresarios; la fiscal está investigando y recibiendo la documentación. Ella ha pedido datos desde el año 2012 hasta hoy, donde también estaba Bellido en esa época».
Suspendida una declaración
Durante esta misma jornada estaban también llamados a declarar el jefe de la Unidad de Alumbrado Público y un «encargado-capataz» de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios municipales , pero ese cargo lo ostentan dos funcionarios distintos, por lo que a no ser nominal la citación, han acudido dos funcionarios, el que ejercía como encargado de la Unidad y el capataz. Finalmente ha declarado el capataz mientras que la segunda declaración ha sido suspendida, según ha podido saber ABC.
Estas diligencias se unen a las ya practicadas por Rodríguez Laínz como son la toma de declaración como investigados en la causa hasta el momento, a la excoordinadora general de Infraestructuras y a un jefe de unidad del departamento en cuestión .
En el auto dictado por el juez se recoge esta petición surge tras haber practicado diligencias de investigación penal por supuestos delitos, inicialmente, de prevaricación y falsedad en documento público, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos.
En concreto, en el último auto dictado por el magistrado Rodríguez Laínz, enumera la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes. Y todo ello pese a constar con la existencia de informes desfavorables. Detecta así mismo la posible elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar.
Aprecia también la posible existencia de falsedad en documento oficial en lo que respecta a la firma de certificaciones de obra, así como, en su caso, « posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados». De momento, la presunta panoplia de posibles delitos no incluye el cohecho que es la figura legal que designa el enriquecimiento ilícito.
La investigación que asume este juzgado va encaminada a determinar el aparente grado de «apartamiento de la legalidad administrativa que se describe producida en los 24 expedientes gestionados por la coordinadora del área», y en cuanto a la segunda persona investigada, « c omo consecuencia de la labor de jefatura y supervisión que se le atribuye , desoyendo, aparentemente los informes técnicos que desaconsejaban tal forma de tramitación de diferentes contratas administrativas».
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