TRIBUNALES
Caso Guadalquivir Futuro: piden indagar sobre la legalidad de los servicios de limpieza de la fundación en Córdoba
La acusacion particular ejercida por Podemos Andalucía pide al juzgado que se soliciten los expedientes completos de estos servicios, ya que las cantidades facturadas en 2015 se acercan a la total contabilizada, a falta de tres clientes
La acusación particular en la causa abierta contra la Fundación Guadalquivir Futuro por las presuntas mordidas a parados, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Córdoba, ha solicitado la práctica de nuevas diligencias para «clarificar todos los extremos que se recogen como zonas oscuras ante la ausencia absoluta de contabilidad, o parcial, deficiente e incompleta, respecto tanto de ingresos como gastos» desconocidos en el informe pericial practicado.
Así, la demanda de estas nuevas pruebas, que ha tramitado el letrado de Podemos Andalucía en este caso, Manuel Delgado, contempla que se indague en la legalidad de los servicios de limpieza que prestaba la Fundación Guadalquivir. Según apunta el abogado en su escrito, al que ha tenido acceso ABC, «las cantidades facturadas por tres de los seis clientes de la Fundación en prestación de servicios de limpieza se acercan a la totalidad contabilizada en 2015, en ausencia de otros clientes que faltan».
Por ello, la acusación solicita que se requiera a esos clientes «los contratos, facturación y nombres de las personas adscritas al servicio de limpieza prestado». Además, se pide que se identifique a los trabajadores que realizaban dicha actividad «ante la posibilidad de que fuera realizada por trabajadores subvencionados para ayuda a domicilio u otros», recoge el escrito.
Igualmente, el letrado pide que se compruebe la legalidad de esta actividad (servicio de limpieza) de conformidad con los estatutos de la fundación.
Expedientes de los servicios de formación
Por otro lado, también se solicita al juzgado instructor que requiera al Imdeec los expedientes completos de contratos y documentación justificativa de prestación de servicios de formación por parte de la fundación; así como que se requiera a la cooperativa El Yate que informe sobre «el contrato realizado, facturación emitida, modo de realización de los servicios prestados, relación de personas beneficiarias y adscritas al reparto de comidas a domicilio».
En el caso del Imdeec, existen dos facturas que suman 17.450 euros sin IVA y, según el abogado, «no hay datos suficientes para poder determinar los servicios prestados, si bien deben corresponderse con una actividad exenta de IVA en tanto no se repercute el mismo. Por norma general, los servicios de formación están exentos de IVA», apunta el escrito de la acusación.
En cuanto a la cooperativa El Yate, en la causa se hace referencia a una subvención de Igualdad y Bienestar Social de la Junta a la Fundación Guadalquivir, de 63.480 euros , cuyo origen y destino se desconoce. «Se aluden a facturas de El Yate y a gastos laborales de Cristian Menacho», responsable de la Fundación Guadalquivir, junto a su madre, Ángeles Muñoz.
La Fundación Guadalquivir Futuro ha sido sentenciada ya en dos ocasiones por los órganos de lo Social por cobrar mordidas ilegales a los parados que les enviaba la Junta para su contratación
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