El caso de «enchufismo» en los Bomberos, a juicio en marzo

Tras más de dos años y medio de instrucción, ya hay fecha para la celebración del juicio por el denominado «caso Bomberos» , que trata de determinar si las pruebas de acceso al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba celebradas entre 2008 y 2009 estuvieron amañadas. Según fuentes del caso, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha fijado la vista para los días 2, 3 y 4 del próximo año . La acusación particular ejercida por varios opositores afectados solicita penas para los nueve acusados que suman 36 años de prisión .

En concreto, cada uno de los siete bomberos supuestamente «enchufados» (muchos de ellos, hijos de miembros del SEIS), podrían ser condenado a 4 años de cárcel como presuntos autores de delitos de prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias.

Es la misma pena que se pide para el número tres de Comisiones Obreras , destacado miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torres Cot , que formó parte del tribunal opositor. La acusación lo considera responsable de delitos de prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias.

También se enfrenta a cuatro años de cárcel O.L.C., otro componente del equipo examinador que, supuestamente, se encargó de la redacción de las cuestiones, de confeccionar las plantillas de corrección y, eventualmente, de evaluar las respuestas a las preguntas abiertas. Los delitos que se le atribuyen son prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Por otro lado, la acusación particular demanda que cada uno de los supuestos bomberos beneficiados paguen 21.800 euros de multa y sean suspendidos de empleo público por un año . En el caso de Torres Cot , la sanción solicitada es de 1.800 euros , suspensión durante un año e inhabilitación especial para cargo público durante 9 años. Finalmente, para O.L.C., los agraviados piden también 1.800 euros , un año de suspensión y 16 de inhabilitación.

El escrito concluye pidiendo que «los acusados indemnicen solidariamente y con iguales cuotas a los querellantes en la suma de 20.000 euros a cada uno de ellos », siendo el responsable civil subsidiario el Consistorio.