ARRANCA EL JUICIO
Un cargo de ADIF en Córdoba acusado de haber pedido 180.000 euros a una empresa niega los hechos
Se le acusa de haber pedido esa cantidad a una empresa para agilizar un permiso
El gerente de mantenimiento de Adif en Córdoba en 2007 acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial , tras supuestamente pedir dinero «encubierto» para dar una autorización de unas obras a una sociedad en un polígono de Andújar (Jaén), manifestó ayer ante el tribunal del jurado que «nunca» requirió dinero al empresario ni al representante de la firma en cuestión.
Durante el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba por este caso, que avanzó ABC y que continuará hoy con declaraciones de testigos, el procesado explicó que en un encuentro con el empresario le dijo que «se habían devuelto todos los avales de los trámites de autorización que sumaban unos 180.000 euros», pero ha negado que le dijera que « todo se arreglaría si le daba 180.000 euros [en otro momento, esa cifra fue de 150.000 euros]».
Además, cuestionado por la carta presentada antes de su declaración en fase de instrucción, por la que se archivó el caso, pero luego se reabrió al considerarse que supuestamente es falsa, el acusado aseveró que era «para informar de que se habían devuelto los avales» citados, al tiempo que remarcó que «nunca jamás» pidió dinero y que le hicieron «una insinuación» como que, «si se resolvía pronto» la concesión, «sería agradecido».
Asimismo, señaló que «nunca» modificó requisitos para alargar el trámite de concesión de cara a autorizar las obras y que desde la sociedad tardaron «hasta un año» en responder a algunos documentos, entre otros aspectos que detalló. También apuntó que construyeron «sin autorización» de Adif «generando riesgo» para las vías.
El relato de la Fiscalía
Al respecto, la fiscal del caso pidió para él una pena de cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa , con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un año de prisión. Igualmente, solicitó la suspensión de empleo o cargo público por tres años , otra multa de 4.320 euros e inhabilitación especial por tiempo de cinco años .
Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, una sociedad compró unos terrenos entre 2006 y 2007 en la localidad jiennense, con la intención de construir un polígono industrial y posteriormente venderlo . Fue aprobado por el Ayuntamiento, pero, al lindar con unos terrenos de Adif , necesitaba la « autorización para regularización de obras efectuadas en zona de protección del ferrocarril».
Los problemas para obtener la autorización se prolongaron en el tiempo y, tras diversas reuniones y conversaciones entre el procesado y el representante legal de la empresa dueña de los suelos, en octubre de 2010, este cargo de Adif «le dijo claramente que todo se arreglaría si le entregaba 180.000 euros », según el relato de la Fiscalía.
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