Luis Miranda - VERSO SUELTO
Camisa de fuerza
Nadie reprocharía un céntimo que se gaste en servicios básicos; lo malo es que se han dedicado millones a lo que no hacía falta
No llevaba Pedro Sánchez ni media hora investido presidente del Gobierno y en el Ayuntamiento de Córdoba Emilio Aumente y Alba Doblas ya pedían que se derogase la Ley Montoro , que les ata las manos para gastar más de la cuenta y pone unas trabas muy severas para contratar a más personal. No sé si habrán leído «Todo lo que era sólido» , la obra más reveladora y lúcida sobre la España opulenta y cateta que había crecido como un hongo fluorescente justo antes de la crisis económica, pero allí Antonio Muñoz Molina , que no es ningún sospechoso de liberal con ganas de desmantelar las Administraciones, tiene un párrafo que quizá deberían subrayarse. Cuenta que al entrar a trabajar en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada el suministro de agua potable se gestionaba en una pequeña oficina, que en los años 70 ya debía abastecer a toda la ciudad. Unos años después aquel modesto negociado se había convertido en toda una empresa pública , con su consejo de administración, sus altos directivos que cobrarían sueldazos y muchos funcionarios más, en un edificio nuevo y moderno con varias plantas.
Si un Ayuntamiento existe es, entre otras pocas cosas, para garantizar el agua a los habitantes de una ciudad. Si tiene que contratar bomberos para acudir a las tareas urgentes y delicadas que les necesiten debería ficharlos sin demora y si precisa a funcionarios en Urbanismo para desatascar las licencias de los nuevos negocios que quieren abrir no deberían tardar. Nadie tendría que reprochar un céntimo que vaya para servicios básicos; el problema es que se gastaron muchos millones en lo que no era ni necesario ni urgente. En las casas consistoriales trabajaba más gente que nunca, pero cada dos por tres había que sacar contratos para trabajos extraordinarios, muchas veces a empresas amigas de los partidos, porque sus plantillas no daban abasto. O eso decían.
Los empleados de Sadeco son necesarios para mantener la ciudad limpia, pero un Ayuntamiento se podía gastar el equivalente al sueldo anual de algunos de ellos en un logotipo para la empresa Vimcorsa y todavía quería justificar que eso era servicio público. Detrás de las restricciones que el Gobierno anterior puso al gasto de las entidades públicas hay un centro de visitantes que funciona como dispensador gigante, hueco y carísimo de folletos turísticos y como urinario público de urgencia, y hay una inexplicable funeraria municipal que quiere arruinar el negocio de empresas que abastecen la demanda de tanatorios y no le cuestan nada al contribuyente. Y hay también muchas pérgolas que se restauraron con pólvora del rey, se vendieron como cajas mágicas de la cultura y siguen vacías o criando jaramagos a la espera de una venta imposible, un arrendatario temerario o una colonia de animales protegidos que al menos evite que se siga gastando en desinfección.
Lo más triste no es que los coches oficiales pasen de largo por los colegios sin climatización, ni que la Orquesta de Córdoba estuviese a punto de desaparecer por las restricciones de esa ley ni el alivio anticipado de muchos esperando el fin de su agonía. Lo peor es sin esa camisa de fuerza en más de un sitio se habría gastado en marquesinas con el arco iris el dinero del gasoil de los autobuses y se habría dejado de contratar a un bombero por pagar un curso sobre perspectiva de género en la extinción de incendios. E incendias.
