El camino hacia el desamparo: un periplo para lograr protección

Los Servicios de Protección de Menores de cada provincia andaluza suponen la puerta de acceso a los servicios garantistas de atención para niños y adolescentes en situación de desamparo . Los menores llegan derivados por otras administraciones que advierten sobre una situación de riesgo -los Servicios Sanitarios o Educativos, por ejemplo-, con una orden judicial o en los propios centros, donde equipos formados por expertos psicólogos, trabajadores sociales y juristas se encargan de poner en marcha lo que se conoce como expediente de protección .

Recaban la información sobre el menor para declarar si el este se encuentra en una situación de desasistencia . Si encuentran los indicios suficientes, determinan separar al niño de sus padres o guardadores para protegerle. En los casos urgentes, el pequeño pasará temporalmente a ser acogido por otros familiares o en familias «alternativas» que colaboran con la Junta en esta labor. Pero el fin último del Servicio de Protección de Menores es dar un núcleo estable que permita el desarrollo integral del menor, mediante reintegración familiar siempre que la situación de riesgo se acredite como superada, con otros parientes, en familias de acogida o en centros de menores donde se prepara a los chicos y chicas para su emancipación como adultos.

El atasco del Servicio de Protección de Menores que denuncian sus trabajadores se produce justo en esa puerta de entrada. Los equipos deben hacer un exhaustivo trabajo de investigación y análisis que les permita reunir la información suficiente para decretar la desprotección del menor o el archivo del caso. Se trata de una labor sensible en la que no caben la improvisación ni la prisa: es un paso decisivo del que depende el futuro de un menor potencialmente vulnerable que, en casos extremos, pasará a estar bajo tutela de la Administración.

Las causas por las que un niño o adolescente llega bajo el paraguas de los Servicios de Protección de Menores son muy diversas. Por un lado están los menores extranjeros no acompañados, los llamados « menas », que han llegado al país solos en busca de oportunidades, a menudo en connivencia con sus propias familias. Por otro, y al margen de nacionalidades de origen, están los pequeños de familias desestructuradas o sin recursos a los que rodean una serie de circunstancias por las que se les considera en riesgo y deben, por tanto, ser protegidos por las administraciones públicas. Las asociaciones de familias de acogida han puesto el foco en el alarmante número de adolescentes a las puertas de la mayoría de edad que se quedan desasistidos y para los que es más difícil «rehacer» su camino sin un núcleo afectivo al que asirse.