Prestaciones
Dos de cada tres peticiones del Ingreso Mínimo Vital aún están sin resolver en Córdoba
El Gobierno asegura haber recibido ya 23.399 peticiones en toda la provincia, de las que ha concedido 4.271 y negado 4.601
El Gobierno central sigue sin resolver la mayoría de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital , una nueva prestación social aprobada por el Ejecutivo de Sánchez en mayo de este año. Cuando falta un mes y medio para que termine el plazo que se ha dado la Seguridad Social para resolver los expedientes, siguen siendo miles los demandantes que aún no saben si tienen garantizado el derecho a la prestación, que se pagará con efectos retroactivos desde el 1 de junio. El procedimiento es tan complejo que los organismos oficiales siguen reclamando información, documentación y más papeles a la mayoría de quienes solicitaron el IMV desde los primeros días.
A fecha de 12 de noviembre, las solicitudes presentadas en la provincia de Córdoba para acceder al IMV son 23.399 . El dato, al igual que las demás cifras de esta información, procede de una respuesta por escrito del Gobierno a preguntas del diputado por Córdoba Andrés Lorite (PP) , a la que ha tenido acceso ABC. Los organismos oficiales consultados por este medio se han negado en repetidas ocasiones a ofrecer esos mismos números. La respuesta, además, es incompleta pues no atiende todos los requerimientos del diputado.
Al menos, por primera vez el Gobierno ha informado sobre cuántas solicitudes han sido ya rechazadas: son 4.601 en la provincia, una de cada cinco. El dato es inferior a las que han sido aprobadas hasta hoy, un total de 4.271. Del resto de peticiones la respuesta del Gobierno no indica nada, por lo que deben seguir en tramitación las 14.527 restantes , el 62 por ciento del total (casi dos de cada tres). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, organismo que concede o rechaza la ayuda (que se paga a través de otra entidad dependiente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ), ya se ha visto obligado a prorrogar los plazos hasta finales de año para evitar que el silencio administrativo condene a miles de personas a seguir sin ayudas sociales.
La demanda supera con creces a las previsiones iniciales del Gobierno, que estimó que en Córdoba podría haber 16.677 beneficiarios. Y los expedientes se acumulan en los diferentes registros de la Seguridad Social conforme pasa el tiempo. A mediados de julio las solicitudes rondaban las 8.000, según cifras del propio Gobierno, un número que se ha multiplicado por tres en los últimos cuatro meses.
Uno de los mayores problemas con el que se ha encontrado la maquinaria estatal de la prestación ha sido la presentación de expedientes duplicados . En algunos casos, según informaron a ABC fuentes sindicales, una sola persona ha llegado a pedir diez veces el Ingreso Mínimo Vital. La Seguridad Social se ha visto obligado a «purgar» todos esos errores , lo que unido a la falta de personal y a las condiciones de trabajo telemático ha retrasado, y sigue haciéndolo, la concesión de las ayudas. El Gobierno no aclara si entre las 23.399 peticiones sigue habiendo duplicidades.
Explicaciones del Gobierno
En su respuesta oficial a Lorite, el Ejecutivo de Pedro Sánchez relata los problemas de gestión del IMV que han provocado los retrasos. En primer lugar, «se trata de un proceso muy complejo que exige un análisis extenso de cada solicitud». Eso significa más trámites y más papeleo que han tenido que asumir los funcionarios de la Seguridad Social, ya sobrecargados con cuestiones como las pensiones. No ha habido refuerzo de plantilla pese a que el trabajo, en algunas áreas del organismo, se ha llegado a duplicar, según denunciaron en su día los sindicatos. La formación para gestionar el Ingreso Mínimo Votal también llegó tarde, y solo después de que los trabajadores públicos se reincorporaran a sus puestos presenciales.
Por otro lado, el Gobierno se escuda en la avalancha de peticiones : «Se han presentado tantas solicitudes como el total de solicitudes de pensiones se presentan en todo un año». Eso, sin embargo, ya debieron tenerlo en mente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando diseñaron la prestación: las estimaciones oficiales indicaban entonces que llegaría a 850.000 hogares con más de dos millones de personas.
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