En busca de un veredicto para las facturas falsas del Ayuntamiento de Baena

¿Cómo ilustrar a los miembros de un jurado popular sobre qué es legal y qué no en una trama de funcionarios y empresarios para enriquecerse presuntamente con dinero de un ayuntamiento? El caso de las facturas falsas de Baena que arrancará el próximo 26 de septiembre «será complicado», según aseguran a ABC fuentes judiciales. Los miembros del jurado tendrán que tener la mente muy abierta para dilucidar quién es quien en la trama, qué dice la Ley en estos casos y si condenan o no a los autores de la presunta trama a 6 años de prisión cada uno. Algo muy diferente a los temas como asesinatos que se suelen celebrar con jurado popular.

En este caso, el titular del Juzgado de Baena fue el que acordó el pasado mes de marzo la apertura de juicio oral , por un presunto delito de facturas falsas y estafa a dos funcionarios y un empresario, acusados los tres de tramar de común acuerdo un plan para enriquecerse de manera presuntamente ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento baenense. Lo primero a lo que tendrán que enfrentarse los miembros del jurado será al planteamiento que a buen seguro volverán las defensas de los acusados a poner sobre la mesa, pidiendo que se declaren nulas las actuaciones porque fue «ilegal» la declaración ante la Guardia Civil . Un asunto que ya resolvió el TSJA, en el que dejó claro que esas declaraciones no pueden ser declaradas nulas, que contaban con todas las garantías, pero que servirán a los letrados de los acusados para al menos, sembrar la duda en los miembros del tribunal del jurado.

Una vez salvado este asunto, el presidente de la sala deberá explicar con el mayor tiento posible que es legal y qué no para que ellos mismos puedan hacerse una composición de cómo se hizo aquella trama en las que unos firmaban facturas por obras no realizadas . Según los hechos investigados, el empresario (del sector de la carpintería metálica) realizó, desde el año 2000, obras menores para el Ayuntamiento y mantenía una relación habitual con actuaciones en instalaciones deportivas, en el cementerio o en otros espacios públicos.

El funcionario Rafael Santano , que en aquellas fechas era el secretario del exalcalde Luis Moreno , ofreció al empresario, Antonio Jesús Gómez , agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento por las obras realizadas. A cambio, tenía que comprometerse a facturar obras no efectuadas o materiales no entregados obviando los expedientes de contratación . El empresario cobraba, presuntamente, las cantidades y el IVA se lo entregaba a los dos empleados públicos. La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007. Los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y una presunta estafa continuada.

En todo esto, el fiscal entiende que el empresario es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial , mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P., son los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, «cooperador necesario». En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, «conjunta y solidariamente», al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que presuntamente han estafado mediante el cobro al Consistorio de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.