Una brújula para detectar el abuso a menores en la Iglesia desde Córdoba

Teresa es una catequista que trabaja con niños de 7 años y empieza a notar que uno de sus pequeños está triste. El comportamiento se repite durante un tiempo. Los padres acuden a ella una tarde para explicarle que su hijo les ha contado entre lágrimas que otro catequista, en algunos juegos que hacen, le realiza tocamientos entre sus piernas. Todos están impactados y nadie sabe qué hacer. Si denunciar a las primeras de cambio, esperar unos días, acudir a un especialista... Teresa se lo traslada al párroco y la presión va creciendo. La pregunta flota con fuerza en el ambiente: ¿Estamos ante un caso de abuso? Los hechos se producen en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y cualquier movimiento hace saltar tanto las alarmas como los rumores.

Estamos ante un ejemplo ficticio que sirve para dotar de sentido a la comisión contra el abuso en la Iglesia que la Diócesis de Córdoba ha puesto en marcha de manera pionera en España y en plena ofensiva interna del Papa en este asunto. «Nosotros queremos dotar de un protocolo claro, cómo deben actuar ante situaciones así, o detectar cuanto antes un abuso, ser transparentes, pero a la vez, muy serios, prudentes, objetivos...». Quien así se expresa es Ana Roldán , delegada diocesana de Educación desde hace unos años y portavoz, en este caso, de la nueva comisión en defensa del menor . Un órgano presidido por el obispo Demetrio Fernández y compuesto por trece personas procedentes del ámbito docente, jurídico, psicológico, sacerdotal (docentes incluso en el Seminario para los futuros curas) y de la orientación familiar.

Durante cuatro años, estas personas se han estado formando en el Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma . Ahora llega el turno de crear una red formativa para que «desde dentro de la Iglesia seamos más rápidos y eficaces», apostilla Roldán. «Para que trabajemos en el ámbito educativo y familiar, porque hay tantas pautas por las que se puede manipular a un menor...», esgrime esta licenciada en Humanidades con larga experiencia en el ámbito educativo.

La comisión está ultimando ese protocolo que será una herramienta clave, aunque se pide, a su vez, actuar con objetividad y prudencia «porque hay que hacerlo bien, señalar a alguien tiene sus consecuencias, para la reputación, y hay que proceder con delicadeza, cotejando hechos». Esta labor del Obispado no pretende entrometerse, asegura Roldán, en la labor civil (policial o jurídica) sino « ayudar a prevenir y afrontar » estos casos. En sentido, la portavoz de este órgano indica a ABC que el trabajo educativo es fundamental. «Hay que aportar criterios a las familias y a los propios niños para ayudarles a evitar esa manipulación».

Prevenir, afrontar y también depurar responsabilidades. Para ello la Iglesia seguirá empleando los cauces que ha venido usando en los últimos casos de abusos (juzgados y condenados) que ha tenido en la Diócesis. Las medidas disciplinarias y los procesos canónicos pertinentes se encargarán del tramo final de un desgraciado suceso que atente contra los menores además de los cauces jurídicos correspondientes por la vía ordinaria.