El «boicot» a Israel le cuesta un pleito a la Diputación

En febrero, el Pleno de la Diputación aprobó una moción presentada por los grupos de IU, PSOE y Ganemos a instancias de la Plataforma Córdoba con Palestina con la que la provincia se convertía en «un Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)». Se trataba de una adhesión a la campaña iniciada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que planteaba el boicot , las sanciones y la retirada de las inversiones a Israel como herramientas para hacer frente a la «ocupación y genocidio» al pueblo palestino en dicho territorio.

Aparentemente era otra de esas mociones «fantasma» sin aplicación práctica en el territorio provincial, pero entre los acuerdos la Diputación se comprometía a reservarse la posibilidad de incluir cláusulas en convenios y contratos que fueran en consonancia con lo aprobado. Es decir, con el boicot, sanciones y ausencia de inversiones o financiación a entidades sionistas, y la cooperación con el boicot a Israel. El apoyo a la causa palestina le ha costado a la Diputación un pleito que permanece abierto y que se inició cuando el Comité Legal para la Lucha Contra la Discriminación y la entidad Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio interpusieron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba un recurso contra el acuerdo suscrito en el Pleno, alegando la necesidad de proteger derechos fundamentales.

Un mes después, en marzo, el juez acordaba la inadmisibilidad del recurso al tratarse el objeto impugnado de una « actividad administrativa de índole política» y «al no afectar de forma directa y personalizada a derecho fundamental alguno», pero la cosa no quedó ahí. Las asociaciones sionistas interpusieron un recurso de apelación y ahora se pide a la Diputación que aporte los antecedentes para completar el expediente y convocar una nueva comparecencia. Un fallo «formal» relativo a la ausencia obligada de uno de los letrados de la parte demandante en la vista judicial ha acabado por convencer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ) de la conveniencia de estimar el recurso y revocar el fallo judicial. Vuelta al punto de partida. La Diputación tendrá que volver a defenderse de esta acusación.

Una de ellas, Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio (ACOM), está llevando a juicio a todas y cada una de las instituciones que dan luz verde a acuerdos de carácter similar. A través de recursos legales contra la adhesión de ayuntamientos y diputaciones al boicot internacional a Israel, ya han cargado contra administraciones de toda España. En Oviedo , un juzgado ha ordenado la suspensión de un acuerdo plenario municipal que se sumaba a esta campaña de boicot.