Banco Santander ofrece Colecor en el mercado como un posible centro logístico en Córdoba

El actual propietario de las naves de Colecor , el grupo Santander, busca una salida en el mercado inmobiliario para una de sus propiedades más grandes, que tiene una proyección de mercado cierta en el mundo de la logística. El desarrollo de una subasta judicial contra un crédito impagado de Mezquita Sur Inversiones —la empresa de Rafael Gómez que aún sigue siendo la responsable de la propiedad en los registros oficiales— se cerró con una autoadquisición, una forma que tienen las entidades financieras de dar salida a estos procedimientos cuando se produce un impago continuado de los créditos que financiaron la creación del complejo, que salieron del balance del Popular. El Santander heredó la patata caliente de Colecor cuando se produjo, en 2017, la adquisición de ese banco por el grupo que preside Ana Patricia Botín.

Teóricamente, la subasta judicial se cerró con la adjudicación a Aliseda, una firma que forma parte del universo del Grupo Santander y donde éste deposita los activos inmobiliarios de cara a su comercialización posterior. El progresivo calentamiento del mercado de la logística ha intensificado los ofrecimientos a empresas que tengan necesidades de suelo y que pudieran aprovechar la que fue sede del grupo Arenal 2000 . Las cifras que se barajan para la operación se encuentran en el baremo del resultado de la subasta judicial, algo más de seis millones de euros, según operadores que han recibido la propuesta directa de adquisición. Se trata de un dinero que, en estos momentos, el mercado considera un tanto alto por los condicionantes de la operación.

Las naves de Colecor tienen un conocido problema de legalidad urbanística. Tanto la reforma de la factoría originaria como el resto del complejo, unos 60.000 metros cuadrados techo , se realizaron sin licencia. El plan donde se encuentran es de suelo no urbanizable y solo se permiten actividades logísticas relacionadas exclusivamente con el mundo agroalimentario. Se puede almacenar grano, aceite, lechugas o fitosanitarios pero no material eléctrico. Y eso es un factor que dificulta las operaciones de compraventa.

La Gerencia de Urbanismo estuvo trabajando hace meses en una propuesta concreta para la legalización del sector, que sería la tercera que se acomete. Todos los intentos anteriores fracasaron bien porque se quería superar el régimen de usos previsto en el Plan General, bien porque se concentraba la totalidad de la edificabilidad del sector en una sola parcela, la de Colecor. Esta última parte es clave. En torno a la gran nave, hay varios propietarios que no pueden levantar ni un chamizo para aperos. Todas las veces que se ha intentando normalizar la situación, mediante una demolición controlada de parte de las instalaciones, los vecinos de la propiedad seguían con unas limitaciones tales que solo permitían el uso agrario de sus propiedades. Y, por tanto, recurrían una y otra vez a los tribunales de justicia.

Urbanismo lleva meses sin tocar los expedientes de Colecor a pesar de que tiene la obligación de establecer una regulación definitiva para el suelo no urbanizable de la Carretera de Palma . El planteamiento del organismo municipal es no volver a emprender la operación hasta que exista al otro lado de la mesa una empresa que se comprometa a impulsar la legalización de las instalaciones realizando las inversiones que se precisen. El asunto estuvo casi cerrado hace varios meses con operadores dispuestos a invertir que terminaron retirando la oferta por las complicaciones que presenta una propiedad que lleva años dando vueltas por bancos y juzgados.