IINMATRICULACIONES DE LA IGLESIA
El Ayuntamiento da el primer paso para reclamar la Mezquita ante el juzgado
El informe del secretario del Pleno, ultimado, que dará pie a un grupo de expertos para preparar el argumentario
El secretario general del Pleno, Valeriano Lavela , ha culminado la redacción de un informe voluminoso en el que pone negro sobre blanco, por primera vez, la posibilidad de que una administración -en este caso, el Ayuntamiento de Córdoba- acuda a los tribunales ordinarios de justicia para intentar anular la inmatriculación (o primera inscripción) de la Mezquita-Catedral de Córdoba a nombre de la diócesis.
El documento -hasta ayer en fase de borrador- ha sido conocido por distintos expertos y altos cargos municipales que tienen opiniones dispares sobre la materia. Con la Semana Santa a las puertas, será un elemento fundamental en las relaciones -malas, por cierto- entre el gobierno municipal, la Iglesia Católica y, en general, el mundo cofrade.
El dictamen consiste, según fuentes consultadas, en un informe jurídico-histórico que concluye que la Mezquita-Catedral no es de nadie , como el dinero público para Carmen Calvo, ni siquiera del Ayuntamiento. La propuesta, que el Consistorio vaya a los tribunales ordinarios para revocar la inmatriculación. Una cuestión a tener en cuenta es que no propone que el Ayuntamiento de Córdoba se reivindique como propietario del bien en concreto sino que impida que la Iglesia figure como dueño.
Entrega de Fernando III
Eso solamente se puede hacer mediante una iniciativa ante la jurisdicción civil que discuta el registro realizado en 2006 como consecuencia de la entrega realizada por Fernando III en el siglo XIII , en primer lugar, y por centurias de posesión indiscutida y pacífica del que es, desde esa época, primer templo de los católicos de la diócesis de Córdoba.
El Consistorio tomará la determinación de crear un comité de expertos para estudiar todos los argumentos históricos y jurídicos sobre esta cuestión. De hecho, se trata de montar un contexto lo suficientemente favorable al recurso judicial que cargue de elementos de juicio a los responsables municipales. Políticamente, Izquierda Unida y Ganemos presentan las posiciones más aguerridas aunque será Isabel Ambrosio quien cargue con el coste político de la medida y quien tenga el foco puesto en su figura.
Teóricamente, es la Asesoría Jurídica quien tiene que informar de manera previa las acciones judiciales de la institución, de acuerdo al artículo 194 del Reglamento del Pleno. En este caso, lo más normal es que, dada la extensión y la materia, los abogados municipales comuniquen a la institución la opinión de Valeriano Lavela y esperen órdenes de los políticos que son quienes tienen que tomar las decisiones últimas.
La alcaldesa, Isabel Ambrosio , y el primer teniente de alcalde, Pedro García, conocen ya el contenido del borrador del informe, que promete ser polémico. Las opiniones del funcionario municipal son conocidas: un bien Patrimonio de la Humanidad no debe ser de nadie en concreto aunque existan cientos de elementos de esta naturaleza que tienen un propietario distinto a los Estados miembro de la Unesco.
