El Ayuntamiento de Nueva Carteya recibió 35 denuncias sobre los ruidos de la causa penal

El caso por el cual la Fiscalía le pide seis años de prisión al alcalde de Nueva Carteya , Vicente Tapia (IU), no fue un problema entre particulares, como señaló el Ayuntamiento. El letrado de la acusación, del vecino que denunció los hechos, aseguró que efectivamente el problema se basa en los ruidos generados por la carpa de un negocio de bodas que funcionaba sin licencia. El problema es que el Consistorio recibió hasta 35 denuncias seguidas sobre la situación sin que el gobierno municipal de la localidad tomase decisiones sobre la situación de la carpa y los ruidos que emitía.

No es cierto, afirma el letrado de la acusación, que su defendido denunciase en ningún momento. Fue el juez de instrucción el que tomó la determinación de procesar al alcalde y la Fiscalía la que decidió realizar una calificación provisional de los hechos. Durante diez años, explica el abogado, se interpusieron tres decenas de denuncias sin que el Ayuntamiento de la localidad tomase iniciativa alguna. Como el Consistorio no intervenía, el vecino afectado decidió poner los hechos en conocimiento del juzgado de Cabra .

Fue el juez instructor, en este caso, el que llevó a cabo las diligencias de investigación tras imputar tanto al alcalde de Nueva Carteya como al propietario del hostal de donde llegaban los ruidos. El letrado asegura que el exceso de ruido ha sido constatado por la Dirección General de Calidad ambiental de la Junta , que en un expediente de 2007 calificó la actividad como desfavorable. Las 35 denuncias, según el letrado, evidencian que no era una actividad ocasional como defiende el Ayuntamiento de Nueva Carteya.

El abogado del denunciante asegura que solo ha habido un afectado a lo largo de todo este tiempo, que es su patrocinado. Afirma que su familia ha tenido que sufrir ruidos constantes sin que el Ayuntamiento tomase cargas en el asunto. Reconoce que se produjeron encuentros entre las partes y el Ayuntamiento pero aseguran que no sirvieron de nada, al menos, hasta que el procedimiento llegó a un punto de no retorno. El Consistorio de Nueva Carteya aseguró que la petición del fiscal era desproporcionada.