El Ayuntamiento, la Junta y Defensa cierran el acuerdo general de la Base Logística de Córdoba

Una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente aprobará mañana, 5 de mayo, el primer documento oficial que dice que en Córdoba se colocará la Base Logística del Ejército de Tierra y que obligará a las partes a colaborar para que llegue ese fin. Tendrá forma de protocolo general, es decir, será una forma de expresar las intenciones de todos sin que genere, de momento, obligaciones presupuestarias inmediatas.

Los firmantes serán el alcalde o la persona quien designe, el presidente de la Junta o el cargo en quien delegue y la ministra de Defensa o aquel que tome su poder representativo. Y será el primero de varios acuerdos que se tienen que poner encima de la mesa para llegar a una inversión de 300 millones de euros, cerca de 1.700 empleos y las posibilidades de desarrollo industrial.

La Base Logística tiene, en realidad, que generar una serie de acuerdos con el objetivo de que pueda tomar forma. Por ejemplo, ha de firmarse un convenio urbanístico en el se expresarán las iniciativas que tienen que formalizarse para segregar una parte del sector de La Rinconada, casi con toda probabilidad.

Además, será preciso llegar a acuerdos con los propietarios del sector (entre ellos, la Junta y el Ayuntamiento pero también privados) con el objetivo de que se realicen las apotaciones correspondientes. El Consistorio y el Gobierno andaluz tendrán que poner por escrito cuánto pondrán para el desarrollo del proyecto.

El Ayuntamiento ha reservado 25 millones de aportación directa para la base y tres millones para la junta de compensación del sector de La Rinconada. La Junta ha comprometido cien millones aunque la elección realizada por Defensa le asigna también un papel relevante en todo lo concerniente a la aportación del suelo.

Desde el momento en el que Defensa tomó la decisión, escuchados los informes del Ejército, los equipos negociadores de todas las partes iniciaron el trabajo. Las Fuerzas Armadas designaron a un equipo negociador que es el que realizó los trabajos de supervisión de suelos y quien tomó la determinación formal de la ubicación teniendo en cuenta que el dossier presentado daba dos alternativas.

El Higuerón tenía la facilidad de que ya existía una de las doce bases que se quieren agrupar. Mientras, La Rinconada tenía la gran ventaja de que buena parte del suelo ya es público y no exige de ningún proceso de expropiaciones para empezar a trabajar. Desde el minuto uno, todas las partes abogaban por desarrollar un acuerdo rápido que permitiera dejar por escrito las negociaciones alcanzadas durante la fase de presentación de la propuesta .