El Ayuntamiento de Córdoba tira 50.000 euros en aplicaciones que no usa

Las decisiones que ha hecho públicas el equipo de gobierno municipal del Partido Socialista e Izquierda Unida en relación al Centro de Proceso de Datos (CPD), y que van encaminadas a externalizar parte de los servicios que presta, han confirmado las sospechas del personal del departamento encargado de la gestión telemática del Ayuntamiento acerca de la progresiva cesión de responsabilidades a entidades ajenas al organigrama de la institución. Pero a pesar de que el movimiento no ha cogido por sorpresa a los profesionales del CPD, sí que ha levantado ampollas en el citado departamento del Consistorio por el poco —o nulo— partido que le ha sacado a algunos de los contratos informáticos contratados en fechas recientes. Y aún así continúa la política de externalizaciones.

El ejemplo más llamativo corresponde a un paquete de tres aplicaciones que el Área de Personal del Ayuntamiento compró en 2012 a la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), que pertenece a la Diputación de Córdoba, para realizar el control de nóminas, organizar la web de selección de personal y controlar el acceso de los trabajadores a los centros municipales. Solo uno de esos tres programas funciona con normalidad por más que hayan pasado más de cuatro años desde su adquisición: si el Ayuntamiento usa sin desajustes la web de selección no puede decir lo mismo de la aplicación para abonar los emolumentos a su plantilla, que da problemas de un modo sistemático y obliga a Contabilidad a ajustar los salarios mes a mes.

Pero el caso más grave es del control de presencia. Fuentes laborales consultadas por este periódico han informado de que los 10.000 euros que se gastó la Hacienda local en este programa no han servido para nada, pues nunca se ha puesto en marcha. A los 10.000 euros de la adquisición del sistema hay que sumar los 40.000 euros que desembolsó el Ayuntamiento en unos terminales biométricos para que los empleados municipales accedieran a sus puestos de trabajo tras pasar la huella dactilar y que están un almacén desde 2012. Se da la circunstancia de que en los registros de la junta de gobierno local figuran contratos de mantenimiento anuales de hasta por 7.000 euros por un servicio —el de control de personal— que no se utiliza.

La cosa no queda ahí: con anterioridad a la compra de este mecanismo de registro de acceso de empleados, el Consistorio se hizo con otro más, esta vez procedente de una empresa radicada en Valladolid y cuya factura ascendió a 20.000 euros; esta adquisición partió también del departamento de Personal y en contra de la dirección del CPD. Lo mas llamativo es que estas dos compras se hicieron a espaldas del Centro de Proceso de Datos y jamás se han llegado a poner en marcha.

La inquietud entre el personal municipal se avivó cuando ABC publicó hace una semana una noticia sobre los planes del bipartito de contratar a una entidad que no pertenece a la estructura del Consistorio para que implante el Sistema de Información Geográfica (SIG) para el Ayuntamiento y sus entidades dependientes.