El Ayuntamiento de Córdoba da un sí condicionado al auditorio privado de Miraflores

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba , de PP y Cs, ha optado por ver con buenos ojos el proyecto presentado por Riff Producciones para la construcción de un gran auditorio con un hotel de gran formato y dos plantas de aparcamiento subterráneo siempre que se cumplan determinadas normas previas que se han dado como inexcusables en los previos de las negociaciones que ya han tenido lugar. El equipo de gobierno ha visto el proyecto como una oportunidad de desarrollar actuaciones que ya tenía previstos pero lo que no quiere, bajo ninguna circunstancia, es encontrarse con un fiasco si dice «sí» al diseño elaborado por el arquitecto Rafael Castel ló.

La primera derivada es económica. Riff Producciones es una empresa muy importante del sector cultural , de las más potentes a la hora de gestionar una gira o desarrollar los intereses de un artista. Sin embargo, no es una empresa que presente, a priori, capacidad financiera suficiente como para invertir más de treinta millones de euros de vellón en la parcela de Miraflores. El Consistorio ha dicho que está dispuesto a sentarse y hablar del proyecto, a conocer los planes en detalle, siempre que se pongan encima de la mesa garantías suficientes de que hay dinero respaldando una propuesta que exige, indirectamente, de la aportación municipal.

La segunda condición tiene que ver con el planeamiento de la ciudad. Miraflores tiene una ordenación heredada del proyecto creado por Rem Koolhaas para el denominado Palacio del Sur. Una parcela en forma de L que ocupa todo el frontal de la orilla del Guadalquivir pasando por encima del viario que parte en dos el parque del lóbulo que realiza el Guadalquivir en esa zona. El Consistorio ya ha transmitido en las reuniones internas con los promotores que no está dispuesto a asumir nada que no encaje en la innovación de la que fue corredactor el actual gerente de Urbanismo, Luis Valdelomar.

El plan presentado por Riff establece un hotel y usos hosteleros como coadyuvantes para el fin principal , que sería la construcción de un auditorio para unas 2.000 personas cubierto. La ficha actual del Plan General establece un límite según el cual esas funciones de apoyo no pueden superar en ningún caso el 35 por ciento del uso total de la parcela, que supera los 10.000 metros cuadrados. Que los promotores de la idea hayan incluido este tipo de usos no debe ser un problema. Los responsables de la idea garantizan que se han acomodado a todas las prescripciones del Plan General. Lo único que se ha hecho es extender el edificio en toda la parcela pero con un menor consumo de edificabilidad lo que explica que el proyecto tenga un presupuesto de 30 millones frente a los 170 millones que llegó a costar el Palacio del Sur.

La ficha del PGOU se dejó deliberadamente abierta en materia del tipo de promoción. En ese sentido, no dice si la actuación ha de ser pública o privada. Sin embargo, la memoria de la innovación sí garantizaba que los terrenos nunca perderían su consideración pública asegurando que no se generaba edificabilidad lucrativa. La parcela está calificada como sistema general de equipamiento ya que, cuando se desarrolló, el planteamiento municipal era el de licitar las obras y la gestión, que quedó en manos de Ferrovial. Como se sabe, el Palacio del Sur nunca llegó a ejecutarse y romper los contratos firmados costó cerca de diez millones de euros en gastos de índole diversa.

El planteamiento del gobierno municipal hasta la fecha es bastante práctico. En estos momentos, se asegura, en los solares de Miraflores solo hay un espacio vacío en los que la estrategia es desarrollar un gran espacio cultural con el objetivo de incrementar la oferta de la ciudad. En este sentido, lo que se plantea es que, si aparece un inversor serio con capacidad para desarrollar un actividad culturales constante a cambio de plantear un modelo de negocio razonable, se puede estudiar siempre que se haga dentro de unos parámetros que no obliguen a desbordar la actual capacidad del Plan General de Ordenación Urbana. Una modificación obligaría a largos años de trámites que no quedan en ningún caso garantizados por la condición de los suelos y la vigilancia que se le supone que ejercerá la Junta de Andalucía. Los terrenos tendrían que salir obligatoriamente a concurso público.