El Ayuntamiento de Córdoba reclama daños y perjuicios a la Junta por el Banco de Germoplasma

El Insituto de Gestión Medioambiental del Ayuntamiento de Córdoba , que dirige el Zoo y el Jardín Botánico , ha iniciado un procedimiento de reclamación patrimonial por daños y perjuicios contra la Junta de Andalucía por no pagar durante dos años, casi completos, los gastos del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía , una instalación científica que se dedica a atesorar el patrimonio natural de Andalucía custodiando las semillas de las plantas que crecen en la comunidad autónoma.

La cantidad no es tan relevante como la historia del contencioso. El Gobierno autonómico lleva años sin hacerse responsable de sus obligaciones económicas con una instalación que se creó entre la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba con el objetivo de disponer de una entidad que se dedicara a clasificar y conservar todo aquel material genético de las plantas de Andalucía, incluyendo aquellas que se encuentran en serio peligro de extinción.

El informe municipal sobre la materia relata un rosario de problemas que se reducen a uno. La Junta de Andalucía lleva años haciéndose la remolona para pagar conforme se comprometió. De hecho, desde hace varios años el Ingema llama a la Consejería de Medio Ambiente a reclamar las cantidades pactadas por los gastos de funcionamiento y, además, con el propósito de que se firme un nuevo acuerdo financiero. La respuesta siempre es la misma: o bien problemas formales impiden realizarlo en estos momentos o los servicios jurídicos de la Junta están en ello. Eso ha pasado en las anualidades de 2015, 2016, 2017 y 2018.

En los últimos cuatro años, el Consistorio ha soportado gastos por valor de unos 700.000 euros por los costes generados por el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía sin tener ninguna necesidad para ello. Solamente, para que el personal siga cobrando o las instalaciones sigan teniendo luz eléctrica. El informe municipal explica que ha llegado a ocurrir que la Junta se comprometía a pagar servicios contratados , se ejecutaban y, cuando llegaban las facturas, no pagaba por problemas formales. El informe de gestión aprobado por el organismo que dirige Amparo Pernichi (IU) asegura que se trata de una lesión directa, no potencial, de los derechos del Ingema y que asumir de forma constante el gasto de algo que no es propio resulta un hecho «antijurídico». Es decir, que se le pueden llegar a pedir explicaciones a los gestores municipales por autorizar el pago de estas facturas . La reclamación patrimonial asciende a las cantidades devengadas en 2017 y 2018, unos 350.000 euros.