El Ayuntamiento de Córdoba licita el servicio de ayuda a domicilio por dos años

El Ayuntamiento de Córdoba ha cerrado el debate de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio que forma la partida de gasto más abultada del presupuesto. El servicio volverá a salir a licitación pública por dos años (con la posibilidad máxima de prórroga por otros dos) con un presupuesto conjunto de 36 millones de euros.

Hay que hacer algunas consideraciones a esa cantidad porque se trata de una cantidad que aporta casi en su integridad la Junta de Andalucía. El precio base sobre el que pueden ofertar las empresas es de 14 euros por hora de servicio, explicó la edil de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs). La Junta tiene un módulo fijado de trece euros por hora. El Ayuntamiento aprobó en el anterior mandato disponer de una partida propia para mejorar las condiciones de las trabajadoras, en su mayoría mujeres.

Cómo debe de ser la relación laboral de una plantilla de casi mil personas que atiende a 1.500 usuarios es una de las claves del debate. Parte de la izquierda (el PSOE nunca quiso esto) abogaba por crear un ente público o que uno existente asumiese el servicio. La llamada municipalización. El asunto es relevante porque suponía, según los informes técnicos, un encarecimiento relevante de una actividad que debería prestar, en estricto sentido, la Junta de Andalucía. Buena parte del problema radica en que las trabajadoras del servicio apenas son contratadas durante unas horas lo que reduce la remuneración.

La licitación en marcha ha intentado paliar este problema incentivando a las empresas a que se subroguen al personal que presta el servicio y, además, a que busquen cierta calidad en el empleo. Los contratos temporales quedarán limitados a una quinta parte del total.

Actualmente, las empresas S ervisar y Macrosad tienen adjudicado el servicio de ayuda a domicilio en el contrato puente de un año establecido por el anterior gobierno municipal para dilucidar qué tipo de servicio se quería prestar. La anterior adjudicataria fue Clece que fue literalmente obligada a seguir prestando la actividad. El Consistorio prorrogó en varias ocasiones el contrato por las demoras administrativas y la empresa llegó a la conclusión de que no le merecía la pena seguir trabajando para el Consistorio.