El Ayuntamiento de Córdoba licita el contrato de ayuda a domicilio

El Área de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba ha convocado la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio , planteando un pliego de una duración de dos años, prorrogables por otros dos, con una mejora a cargo de este Ayuntamiento de hasta 1,60 euros por hora sobre el precio que financia la Junta de Andalucía (13 euros por hora de trabajo efectivo). En total, casi 80 millones de euros de dinero público.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), apuntó que esta licitación «aporta estabilidad y saca del debate y del juego político tanto la prestación de un servicio esencial como es la Ayuda a Domicilio, vinculada a la dependencia, como los puestos de trabajo de las auxiliares que prestan el servicio, pues hemos redactado un pliego que premiará en la valoración a las empresas que garanticen y mejoren los derechos de los trabajadores buscando favorecer la estabilidad del empleo del personal contratado, potenciado los contratos indefinidos y evitando la temporalidad». La ayuda a domicilio lleva años en el seno de un debate sobre las condiciones en la que prestan su actividad las trabajadoras de las contratas. Habitualmente, se trata de cuidadoras que tienen contratos estables pero que, por la naturaleza del servicio, solo trabajan unas horas al día, lo que genera que los salarios, incluso dentro de convenio, sean muy reducidos.

El contrato tiene dos lotes . El primero, para la prestación del servicio doméstico básico y atención personal. El segundo, se refiere a las limpiezas en los domicilios que, aunque va dirigido a las mismas personas usuarias del lote 1, constituye una prestación complementaria ligado a criterios de mejora en la prestación del servicio domiciliario dirigido a personas dependientes.

La ayuda a domicilio es el mayor contrato de servicios de todos los que licita el Ayuntamiento de Córdoba aunque la mayor parte del dinero lo pone la Junta que lleva sin actualizar las cantidades años obligando a las instituciones municipales a financar parte del servicio por el incremento de los costes. La última vez que se licitó el servicio fue en 2018 cuando se adjudicó a las empresas Servisar y Macrosad tras un tortuoso proceso de prórrogas de la anterior adjudicataria, Clece. El Supremo ha admitido a trámite el recurso de esta empresa que se negaba a seguir con la actividad y fue obligada por el Consistorio.