El Ayuntamiento de Córdoba intentará pagar en treinta días facturas que llevan años pendientesproveedores

El Ayuntamiento de Córdoba elevará una consulta a la Junta para saber si puede retener todas sus competencias intactas pese a que incumple reiteradamente el periodo medio de pago a proveedores. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un plan para sistematizar la tramitación de las facturas con el objetivo de reducir de forma drástica el tiempo que tarda en abonar los servicios que contrata.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, explicó que el Consistorio tiene 125 millones en el cajón y tarda muy por encima de los treinta días en pagar lo que debe, que suma en estos momentos unos diez millones de euros. Cumplir el periodo de pago (PMP, en jerga administrativa) es una condición precisa para mantener las competencias impropias (Empleo, Juventud, Igualdad...) y para poder contratar nuevos funcionarios. La tesis de la ley es que si no se cumplen unos parámetros mínimos de saneamiento económico, los ayuntamientos tienen que someterse a dieta.

El Ayuntamiento de Córdoba lleva cumpliendo el PMP casi todos los meses del año (se mide cada treinta días). El anterior gobierno desoyó las advertencias internas. El actual ha aprobado un plan para mejorar la situación con un refuerzo de personal para evitar los cuellos de botella, departamentos donde se precisan más funcionarios. Además, establece un nuevo diseño de espacios en el área de Hacienda o sistematizar el tratamiento interno de forma que las facturas no se puedan queda en el cajón. Mensualmente, por ejemplo, Hacienda exigirá a los departamentos que le manden las facturas que han tropezado con cualquier problema para que no se queden en el limbo.

Hacienda ha detectado facturas que llevan años sin pagarse a pesar de que los ratios de tesorería son enormes, unos 125 millones de saldo. El edil de Hacienda explicó que se van a adoptar medidas para garantizar la trazabilidad de la factura. Aseguró que pagar «como Dios manda» los servicios que se prestan es una obligación porque lo relevante es tener a los proveedores satisfechos y que las pymes no tengan deudas comerciales con el Ayuntamiento que pongan en riesgo su estabilidad,