INICIATIVA DEL PP

El Ayuntamiento de Córdoba elude aprobar una moción de apoyo a la Policía tras los incidentes de Cataluña

Era necesario el respaldo de todos los grupos e IU y Ganemos han alegado que no les ha dado tiempo a leer un folio

Imagen de la bancada de IU en el último Pleno del Ayuntamiento de Córdoba R. Serrano

Baltasar López

El Ayuntamiento de Córdoba no aprobará en su Pleno de octubre una declaración institucional de apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en defensa de España y de la Constitución , con el trasfondo de los episodios de violencia y acoso que ha sufrido la Policía Nacional en Cataluña con motivo del aniversario del reférendum ilegal del 1-O.

El viceportavoz municipal del PP , Salvador Fuentes, ha hecho público que en la sesión de la junta de portavoces del Consistorio celebrada esta misma mañana no ha salido adelante su propuesta de la citada declaración conjunta. Necesitaba el apoyo de los seis grupos presentes en la Corporación y ha contado con el respaldo de C´s y UCOR.

Fuentes ha asegurado que IU y Ganemos , fuerza que sostiente al cogobierno de izquierdas, han alegado para no respaldarla que no habían tenido tiempo para leer el texto , pese a que les fue entregado hoy a las nueve de la mañana y a que es poco más de un folio . El viceportavoz municipal del PP ha indicado que el PSOE directamente no se ha posicionado.

El texto advierte de que toda la sociedad española ha sido testigo del «enorme clima de hostilidad y los ataques» que han sufrido los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por «el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho».

El episodio que más relevancia ha tenido fue el de la agresión a un policía nacional , por parte de un independentista, cuando participaba el sábado en Barcelona en una manifestación en la que los miembros de este Cuerpo de Seguridad demandaban la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos. Pero también ha habido otras situaciones de acoso, como la vivida a mediados de septiembre, cuando Arran , organización juvenil vinculada a la formación independentista de la CUP, se manifestó, lanzando botes de humo y pintura, ante la sede de la Policía Nacional en Barcelona.

El texto advierte de que «todos los ciudadanos y especialmente los representantes públicos deben estar unidos en la condena de toda violencia , sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad o integridad de las personas».

La declaración rechazada a dvierte de que es «injusto e intolerable» que se trate «como enemigos» a guardias civiles y policías nacionales cuando son «servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos». «La Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan en la sociedad», argumentaba el texto de los populares que no aprobará el Pleno.

Por ello, dicha declaración concluía con un posicionamiento del Ayuntamiento «apoyando y respaldando» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de « defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional , el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles».

Cambio en el sistema de tramitación

Igualmente, el documento indicaba que el Consistorio «condena el acoso sistemático al que los agentes están siendo sometidos con actos violentos, así como cualquier acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos».

Por último, el PP pretendía que Capitulares instara al conjunto de las instituciones españolas a «defender la soberanía del pueblo español y el interés general de España contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España».

Los populares ya sabían que difícilmente prosperaría este texto . Con motivo de la enorme polémica que hubo en julio en el Ayuntamiento por la declaración conjunta sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco , el edil de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), advirtió de que se cambiaba el modelo de tramitación de dichas mociones conjuntas.

Aumente explicó que las declaraciones institucionales, desde ese momento, deberían llegar a la junta de portavoces con la firma de los seis grupos municipales —es decir, totalmente consensuadas—, para ser incorporadas al orden del día del Pleno. Hasta julio, cada grupo llevaba su texto a la citada junta de portavoces y se acababa de consensuar, o no, en el tiempo que había hasta la sesión plenaria.

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