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El Ayuntamiento de Córdoba comienza otro plan para que los interinos accedan a una plaza fija
Permitirá eximinarse en condiciones ventajosas para lograr la plaza de funcionario
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba conocerá este jueves la orden del alcalde, José María Bellido , a los presidentes y gerentes de los organismos autónomos municipales para que arranquen ya los procesos de estabilización de los interinos o del personal que, siendo empleado público, no tiene adquirida la plaza de funcionario .
El procedimiento es apenas una consecuencia de la ley Iceta , aprobada cuando el actual ministro de Cultura era el responsable de Administraciones Públicas y supone el enésimo intento por reducir la tasa de temporalidad ofreciendo convocatorias que es muy complicado suspender para el que se encuentra ocupando la plaza que sale a concurrencia pública.
El último gran proceso de estabilización ocurrió con la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que vino de la mano de un periodo transitorio en el que todas las instituciones han tenido elevado sus tasas de temporalidad hasta superar la que se pueden observar en el sector privado.
Con la nueva disposición, las plazas que no figuren como vacantes y no tengan a un titular saldrán en condiciones tremendamente ventajosas para el empleado que ya esté dentro de la institución.
En concreto, hasta un cuarenta por ciento del concurso oposición dependerá de cuestiones relacionadas con méritos , experiencia en administraciones y puestos similares . El examen habrá que hacerlo pero la veteranía condicionará en grado sumo cuál es el resultado definitivo.
Quien no consiga la plaza, pese a la ventaja de partida, será despedido con una indemnización de 20 días por año hasta 12 meses
No todas las plazas, dice la ley reguladora, van a estar afectas a este nuevo régimen . Tendrán que haber estado ocupadas de forma permanente al menos durante tres años antes del 31 de diciembre de 2021. Se permiten también, según una disposición adicional , plazas ocupadas durante periodos de tiempo desde el año 2016.
El problema de las interinidades no es tanto de la institución municipal matriz aunque se han producido conflictos como los de las trabajadoras de Servicios Sociales que reclamaron entrar en el nuevo modelo, más beneficioso para sus intereses.
En el Ayuntamiento, hay departamentos completos como la Policía y los Bomberos donde todos sus trabajadores han de ser funcionarios de carrera con unas oposiciones aprobadas. Los organismos autónomos, como la Gerencia de Urbanismo , el Imdeec, el Imtur o el Imdeco, sí que tienen un problema real de estabilidad de las plantillas producto de años en los que los sucesivos gobiernos han ido esquivando la convocatoria de oposiciones para plazas que estuviesen ocupadas.
En estas organizaciones municipales, buena parte de los trabajadores públicos tienen la consideración de indefinidos no fijos . Ocurre cuando un empleado entra en una organización pública para un contrato temporal y va encadenando nombramientos o entra directamente en la situación llamada de fraude de ley .
La Intervención municipal realiza, en cada aprobación presupuestaria, una advertencia anual de que las plazas de estos trabajadores han de salir a concurso-oposición con el objetivo de que, quien ejerza los trabajos públicos, lo haga respaldado por una condición de funcionario que permite, por ejemplo, ejercer facultades de inspección.
En esta ocasión, la nueva legislación permite poner fin a esta situación de interinidad constante. En el caso de Urbanismo, todos los equipos municipales han tomado la decisión de ir convocando la plaza por sustitución , tal y como se jubilaban las personas que venían ocupando la plaza.
La norma advierte que la convocatoria de estabilización no implica garantías de que se va a conservar la plaza como ocurría hace muchos años en las oposiciones retringidas. Si alguien, pese a la ventaja que supone el cuarenta por ciento de baremo, es capaz de reunir mejor nota y más méritos se convierte en el propietario de la plaza.
En ese supuesto, quien ha venido desarrollando el trabajo en la institución pública (la ley se aplica en todos los niveles del Estado) recibe el tratamiento de un empleado despedido de su puesto de trabajo. Serán indemnizado con veinte días por año trabajando con el tope de doce mensualidades. El nuevo marco establece topes obligatorios de empleo temporal que no se pueden rebasar.
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