Ayuntamiento de Córdoba
Caso Infraestructuras | La excoordinadora dice al juez que el abogado municipal propuso al técnico imputado
La declaración judicial de M.L.B. recoge que la elección de los contratistas se hacían de acuerdo a los criterios de los técnicos
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Cinco claves para entender el 'caso Infraestructuras' que ha estallado en el Ayuntamiento de Córdoba
La declaración ante el juez de la excoordinadora del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba M.L.B. como investigada en el caso de los presuntos contratos troceados de obras menores para eludir trabas legales recoge que fue el propio titular de la Aseosría Jurídica del Ayuntamiento quien sugirió el cambio del jefe del área relacionado con los contratos y que ha acabado siendo el otro investigado del a causa, S.Q.
El contenido de la declaración de la investigada de M.L.B. por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos , al que ha tenido acceso ABC recoge, «que la decisión de nombramiento de S.Q. para que realizara funciones de contratación en el área de alumbrado publico fue tomada por el concejal David Dorado ».
Sin embargo, la clave de la cuestión estaba en que previamente a la decisión de Dorado, la investigada acudió con el concejal al despacho del jefe de los Servicios Jurídicos, quien le habría «sugerido la posibilidad de dejar al jefe de Servicios, a F.B., solo dejando los temas de mantenimiento, proponiendo que se asignara a otra persona asumir el cometido de contratación, en este caso S.Q.», consta en su declaración judicial.
Es ahí cuando, según esta declaración ante el juez, S.Q. es nombrado por ser el único ingeniero técnico que había disponible, quien a partir de ese momento asume la contratación de asuntos tales como alumbrado de Navidad, la Feria de Córdoba, etcétera.
La declarante aseguró al titular de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz que lo hizo sin «poner ninguna pega». Su papel, añade M.L.B. se centraba en «materia de tramitación de expedientes de contratación menor, que era en esencia la de controlar su regularidad ».
Consulta a los técnicos
En cuanto al extremo denunciado por la Fiscalía a raíz de la querella presentada por IU, la declaración de esta investigada recoge que « cada vez que se podía plantear una situación de fraccionamiento de contrato, la declarante consultaba a los técnicos al objeto de emitir un posible informe a la Autoridad competente».
M.L.B.: «Acudí con el concejal David Dorado al despacho del jefe de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, y fue éste el que le sugirió la posibilidad de dejar al jefe de Servicios, a F.B., solo con los temas de mantenimiento, ofreciendo a S.Q. la contratación»
A preguntas en esta declaración en fase de instrucción, la investigada reconoce que «tenía conocimiento de la existencia de una instrucción del Ayuntamiento del 17 de diciembre de 2019 sobre tramitación de expedientes como contratación de obras menores y que es cierto que de todos los expedientes que se describen en la denuncia, formaban parte de un plan de choque del Ayuntamiento de Córdoba del ejercicio 2020».
Hay que recordar que la declaración de M.L.B. fue suspendida el primer día en el que estaba prevista después de que el otro investigado en el caso, el jefe de Unidad del departamento de Infraescturas testificara -apuntando esa responsabilidad del nombramiento de S.Q. al letrado municipal- y se viera éste abocado a renunciar a la defensa del Ayuntamiento en ese instante , al verse salpicado por esa línea de la declaración refrendada por M.L.B.
En cuanto a quién era el encargado de seleccionar a esas empresas a las que se les adjudicaba el servicio, la coordinadora aseguró que ella desconoce quién está detrás de cada empresa , porque no era la encargada de elegirlas sino que eran los propios técnicos los que se encargaban de esa selección.
Cese por indicios de delito
Esta responsable de confianza del cogobierno municipal de PP y Ciudadanos fue destituida de su cargo en cuanto se conoció que la Fiscalía apreciaba indicios de delito. El funcionario fue separado de algunas de sus funciones relacionadas con los contratos menores .
De esta forma el juez instructor consideraba en el auto donde llamaba a declarar a estos dos investigados que los hechos denunciados por la Fiscalía «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
En concreto, el magistrado Rodríguez Laínz, enumeraba la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras , mediante técnicas de fraccionamiento de costes. Y todo ello pese a constar con la existencia de informes desfavorables. Detectaba así mismo la posible elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar.
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