Ayuntamiento de Córdoba

Alumbrado público | El 80% de las obras auditadas desde 2016 fueron a manos de una sola empresa

De los 400.000 euros de sobrecoste detectados, 334.000 habrían ido a esta mercantil

El Ayuntamiento de Córdoba denuncia ante la Fiscalía cinco años de obras municipales infladas de precio

El alcalde de Córdoba anuncia una comisión de contratos menores para evitar posibles fraudes

Luminarias situadas en la avenida de Libia, foco de una primera investigación abierta por la Fiscalía Valerio Merino

R. Ruiz / R. Aguilar

La auditoría externa realizada en el departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Córdoba , y que ha sido entregada a la Fiscalía de Córdoba, explica que de las 32 obras donde se ha apreciado sobrecoste en la adquisición de materiales en los últimos cinco años , el 80 por ciento tuvieron como destinataria a una sola empresa del sector de instalaciones eléctricas.

En concreto, y según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, de los más de 400.000 euros de sobrecoste (que aparecen sin aplicársele el (IVA), 333.948,26 euros formaban parte del paquete de proyectos que se asignaron a una sola sociedad mercantil. La tesis que sostiene la auditoría es, presuntamente, la aplicación de precios fuera de lo común para elementos. Una de las conclusiones que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía es que no era posible ser adjudicatario de este tipo de proyectos sin participar en lo que se describe en la documentación como «la trama».

Como desveló ABC ayer , el concejal de Infraestructuras, David Dorado (Cs), realizó una denuncia ante la Fiscalía a la que adjuntó una auditoría externa realizada sobre 32 contratos de alumbrado realizados entre los años 2016 a 2020 . El fiscal ha apreciado indicios de una serie de delitos y ha firmado un decreto para mandar el asunto al juzgado de instrucción que se considere en el reparto.

Una segunda fórmula de selección de empresas se realizaba en el propio Ayuntamiento y es informar que una empresa determinada « no tenía solvencia técnica ». El autor de la auditoría no entiende cómo obras interesantes desde el punto de vista económico no tenían una mayor disparidad de adjudicatarios. De hecho, empresas cotizadas en Bolsa o que desarrollaban proyectos de más entidad que los licitados no tenían acceso a estos proyectos .

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Junto a la denuncia presentada ante la Fiscalía , se han incluido los datos de un grupo de responsables de empresas que refrendan que algo estaba pasando . De momento, nadie les ha citado a declarar. ABC ha intentado hablar con todos ellos aunque una parte ha decidido no participar en esta información ni siquiera con reserva de fuente. En otros casos, sí ha ocurrido.

Es el caso de una empresa cordobesa que proveía al Ayuntamiento de un determinado elemento técnico que se precisa en las obras de alumbrado público . El responsable de la firma asegura que se les incluía de forma normalizada hasta un momento determinado. Afirmaron que, de golpe, eso dejó de ocurrir. Realizaron las preguntas oportunas y la respuesta era que se había decidido tener proveedores diferentes . El empresario explica que nunca más se les volvió a adquirir nada porque se tomó un proveedor en exclusiva «con una tecnología similar pero un treinta por ciento más cara ».

Para el desarrollo del informe interno no solamente se tuvieron en cuenta los datos de los licitadores y de los proyectos. También se efectuó un sondeo en los almacenes que venden este tipo de material eléctrico tanto en Córdoba como en las provincias cercanas. El documento cruza los precios usados (farolas de un determinado modelo y marca con un código concreto) y los de ese mismo producto sin el código correspondiente . Por el momento, no hay nadie imputado por el caso . Tampoco se han tomado medidas disciplinarias cautelares de carácter disciplinario como consecuencia de esta situación.

La denuncia de Dorado va camino de sumarse en una causa común a la que en su día interpuso Izquierda Unida y Podemos sobre otro contrato del mismo departamento correspondiente al ejercicio de 2020. Y es que el Ministerio Público ha emitido un decreto en el que manifiesta «ver indicios de delito , de prevaricación y falsedad documental» en contratos públicos municipales cometidos por la coordinadora general de Infraestructuras, por un técnico y «sin perjuicio de la participación de terceras personas» durante el mandato municipal en marcha.

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