El Ayuntamiento de Córdoba alegará contra el anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico

El Ayuntamiento de Córdoba va a presentar alegaciones al anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico que promueve el Gobierno ante lo que considera una «bomba de relojería para una ciudad como Córdoba, con un riesgo cierto de perder competencias locales, cambiar el modelo de gestión conjunto local y regional, que funciona no sin dificultades, y que puede suponer pérdida de competencias sobre la Fiesta de los Patios y un distrito entero como el Casco , arrojando incertidumbres sobre sus vecinos, comerciantes, inversores o empresarios», ha dicho el alcalde de Córdoba, José María Bellido en una comparecencia conjunta con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo .

Ambos han mantenido una reunión técnica para abordar las cuestiones que afectan a una ciudad como Córdoba, con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad por la Unesco , ya que uno de los aspectos centrales del anteproyecto del Ejecutivo, como ha venido informado ABC, es la gestión y supervisión de estos bienes, creándose una nueva categoría (Bien de Interés Mundial) y hasta órganos de gestión (patronatos) para controlar todas las actuaciones que sobre ellos se dieran .

Bellido ha puesto de manifiesto aspectos concretos en los que se verían afectadas las competencias del Ayuntamiento en la gestión diaria de estos bienes. «¿Hay intención de gestionar una zona donde viven miles de personas con un patronato en donde un Gobierno decida , invadiendo competencias del Ayuntamiento? Si eso es así, me parece que es una invasión de competencias locales», ha comentado respecto a la zona del Casco vinculada a la Mezquita-Catedral y protegida por la Unesco en 1994.

El anteproyecto de ley también obliga a realizar una evaluación de impacto patrimonial ante cualquier intervención en estos bienes . Al respecto, el regidor cordobés se ha pregunado si «quiere decir que se va a poder poner placas solares en las casas del Casco de Córdoba -como se ha aprobado recientemente- y lo van a tener que visar previamente Madrid, paralizando la innovación del Plan Especial del Casco que hemos puesto en marcha al resecto». Bellido ha apostillado que el texto conocido genera «incertidumbres y muchas dudas».

Otro aspecto sensible es la declaración responsable urbanística que está permitiendo que muchos particulares o empresas puedan ir acometiendo reformas en inmuebles del Casco y que ahora quedarían prohibidas según este nuevo texto normativo del Ministerio de Cultura. «¿Hasta dónde, permisos de obras en comercios, hostelería, hoteles, casas...?», ha vuelto a preguntarse José María Bellido, quien se ha referido a la situación de la Fiesta de los Patios , protegida como Patrimonio Intangible de la Humanidad y para los que el borrador de ley fija planes de salvaguarda del Gobierno .

El alcalde ha anunciado que presentarán las alegaciones antes del día 19, final del plazo, y que intentarán recoger el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Unas alegaciones que serán independientes de las que presente la Junta de Andalucía, cuya titular de Cultura ha afirmado que se trata de un «anteproyecto está poco maduro, hecho con prisas, sin conocer el fondo y los problemas que genera la aplicación de la ley estatal después de 35 años» . Del Pozo ha recordado que en Andalucía hay 15 bienes Patrimonio de la Humanidad de los 48 totales protegidos por la Unesco en España.

La consejera de Cultura ha afirmado en la sede municipal que «esperábamos una nueva ley adaptada a este siglo, no una modificación del a anterior , una ley para conservar y vivir el patrimonio, facilitar la iniciativa de los ciudadanos para poner en valor el patrimonio y hacer compatible el patrimonio y el desarrollo de las ciudades». A ello ha agregado que «con este anteproyecto se lastra la conservación, se dificulta el desarrollo de las ciudades, se condena a los centros históricos e invade competencias; crea más burocracia y menos protección de los bienes patrimoniales e impone importantes limitaciones de derechos a entidades como la Iglesia Católica». «Es un ataque en toda regla a la autonomái municipal y autonómica en materia de protección del Patrimonio».