La Audiencia condena a cinco años de prisión al exgerente del Consorcio de Bomberos de Córdoba

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a cinco años de prisión a Antonio Navarrete , exgerente del Consorcio de Bomberos , por malversación de caudales públicos y falsedad, en concurso medial, a una pena de cinco años de prisión por apropiarse de algo más de 600.000 euros de dinero público entre los años 2001 y 2015. El segundo de los acusados, el tesorero de la entidad, ha sido exonerado al entender el tribunal que no tuvo ninguna participación en los hechos.

La Audiencia ha considerado probado que Navarrete, un hombre de confianza del PSOE cordobés, se llevó el dinero de la Diputación de tres maneras distintas. Entre abril de 2001 y julio de 2006, ingresó en su cuenta corriente 127.000 euros correspondientes a horas extra estructurales que nunca fueron justificadas y a las que el alto cargo ni siquiera tenía derecho.

Entre enero de 2007 y marzo de 2012, cuando fue cesado provisionalmente, Navarrete realizó 46 transferencias por valor de 310.891 euros de dinero del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba a su cuenta corriente . Ese dinero no se correspondía con ningún pago o servicio. No consta que fuese justificado ni devuelto.

Entre noviembre de 2010 y 2012, el exgerente del Consorcio de Bomberos realizó pagos por valor de 76.113 euros. El destinatario formal era la empresa Serlinco que se ocupaba de la limpieza de las instalaciones del Consorcio . La firma nunca recibió el dinero porque la cuenta corriente era la de Navarrete. Además, constan 95.414 euros en concepto de anticipos reintegrables que nunca se llegaban a reintegrar. Una de las líneas de defensa de Navarrete era que era dinero que no estaba afecto al servicio público por lo que el Consorcio no sufrió merma alguna en sus operativos. La Audiencia rechaza esa posibilidad tajantemente,.

Navarrete no sale mal parado del procedimiento dada la pena de prisión. El fiscal del caso le pedía ocho años de prisión que han quedado en cinco años. Además, la sanción pecuniaria se limita a 130.000 euros ya que los 479.000 restantes ya están siendo reclamados por el Tribunal de Cuentas.