Aucorsa: El precio de las cosas

Con el anuncio de la edil María José Moros de que el gobierno municipal propondrá un contrato-programa para estabilizar las cuentas de Aucorsa, este que escribe sufrió un ataque de nostalgia. Hace como veinte años, el entonces delegado de Hacienda, Julio Berbel , me hizo pasar a su despacho para explicarme que acababa de firmar la quiebra de Aucorsa y que la salida que se había buscado era, efectivamente, un contrato-programa. Las cosas en el Ayuntamiento de Córdoba, como en la vida, acaban reapareciendo de forma periódica. Y la crisis de la empresa de transportes es una de esas que nunca acaba de anudarse por una cuestión básica: no se trata de política, ni de estrategia, ni siquiera de relaciones laborales o de táctica comercial. Tan solo estamos hablando de dinero .

El gobierno municipal actual no se enfrenta a una situación distinta de las que tuvo que torear Julio Anguita, Rosa Aguilar, Rafael Merino o José Antonio Nieto . Por muy bien que se gestione una empresa pública de transporte urbano, se trata de actividades que son estructuralmente deficitarias. Les llamamos empresas porque algo hay que poner en la puerta pero en realidad se trata de servicios públicos necesarios en toda comunidad que no se fundamentan en el precio de un servicio sino en las aportaciones constantes del presupuesto público.

El viajero de un autobús nunca paga lo que cuesta un viaje. Es lo que se conoce como un precio político. Probablemente, si la actividad tuviese que sostenerse por sí misma , el billete y el bonobús serían tan sumamente caros que nadie tomaría el transporte público. Pero la realidad es que cada bus que se compra, cada rueda que se cambia y cada hora de trabajo de un conductor tienen un coste que hay que cubrir . El recurso, en Córdoba y en China, es acudir a transferencias presupuestarias, subvenciones tanto ordinarias como extraordinarias que cubren los problemas derivados de un elemento necesario para la vida en comunidad de una ciudad moderna.

Ningún ayuntamiento gana dinero transportando ciudadanos y, sin embargo, se trata de una actividad que no tiene más remedio que realizar. El Gobierno de Rajoy cometió un tremendo error en su reforma del sector público . La filosofía de contener el gasto estaba en la línea correcta pero entendió que todos los servicios manifiestamente deficitarios tienen que ser disueltos y ofrecidos a la actividad privada. Todos, sin excepción, lo cual implica dar por hecho que alguien ganará dinero con un servicio que por su propia naturaleza está pensando para realizarse incondicionalmente. Ello solamente ha generado rescates . El Ayuntamiento de Madrid tuvo que acudir a toda prisa a salvar la EMT, la firma de autobuses más importante del país, aportando decenas de millones de euros . La política, además, se hace trampas. Evita subir los precios de los billetes al mismo tiempo que eleva los salarios de los trabajadores, lo cual es un a maniobra perversa a largo plazo . Es el mismo caso de anunciar un ajuste a cambio de pasta -eso es un contrato-programa, oiga- y anunciar que no habrá congelación salarial para la plantilla.

En los últimos años, se ha generado una filosofía que -lo que te rondaré, morena- nos va a dar dolores de cabeza a todos. Desde los despachos del poder, de la política, se está generando la especie de que el dinero crece en los árboles y que pagar por determinados servicios públicos -sujetarse a una lógica económica de retribución - constituye un acto de injusticia del que hay que salvaguardar a determinados sectores de población. Aquellos en los que se pescan votos , obviamente. Al contrario, no se está realizando un ejercicio básico de pedagogía social: Que todos los servicios que se prestan tienen un precio, que han de someterse a una financiación suficiente, con unos límites económicos lógicos y con una estructura de costes -salariales incluidos- razonables . Que hay que pagarlos, en suma. Por esa vía, en un futuro tendremos muchas aucorsas y muchos contratos programa. Cuando el agua llegue al cuello durante 35 horas semanales .