Tribunales
Archivan las denuncias contra el Govern balear por los cordobeses confinados en Mallorca
El juzgado entiende que no se dan los supuestos para la comisión de un delito
El juzgado de instrucción número 12 de Palma de Mallorca ha decidido el sobreseimiento de la denuncia presentada por un grupo de familias contra la situación generada por el brote de Covid que tuvo lugar en la isla balear en junio de este mismo año durante una serie de viajes de fin de curso en el que participaron chavales de varios institutos, también cordobeses.
El juzgado de instrucción cierra la investigación tanto para la denuncia original como, por conectividad, para todas aquellas de naturaleza similar. La denuncia original aseguraba que la directora general de Salud Pública del Govern balear , María Antonia Font, había cometido sendos delitos de prevaricación y detención ilegal.
El planteamiento de las denuncias es que se había optado por un confinamiento en un hotel a los jóvenes que llegaron a la isla independientemente de su situación. Es decir, del día que llegaron, de si tenían una prueba Covid negativa reciente o si habían participado en determinadas actividades que se consideraron de alto riesgo.
El departamento de Salud balear había decretado un confinamiento preventivo general para u n grupo muy amplio de jóvenes . Posteriormente, fue un juzgado de lo contencioso administrativo quien dijo que la decisión solo era correcta para quien había dado positivo. El juzgado decidió que solo los positivos se mantuviese en una situación de restricción de la movilidad. «Desde la revocación de la decisión administrativa cesó el confinamiento forzoso y los denunciantes pudieron regresar a sus domicilios», explica el auto.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas entendió como correcto que se realizase una anulación parcial de confinamiento. La Fiscalía recurrió el procedimiento, sin éxito, entendiendo que se debía fijar un criterio jurisprudencial para que el confinamiento de grupos concretos y ligarlo al desarrollo de pruebas médicas. En esas circunstancias, entiende el juez de instrucción que no se dan las circunstancias para la comisión de los delitos de los que fue denunciada a la alto cargo de la sanidad balear.
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