Apuntes al margen

Apuestas a que no

¿De verdad que el enfoque urbanístico es el mejor para evitar la ludopatía entre la población?

Un boleto sellado ante una casa de apuestas ABC

Rafael Ruiz

Los partidos de izquierda y determinados colectivos vecinales están realizando una campaña de presión para que las instituciones, y en concreto el Ayuntamiento de Córdoba , eviten la apertura de nuevos locales dedicados al juego. Se entiende que la proliferación de casas de apuestas constituye un serio riesgo, sobre todo para las personas más jóvenes, que ha de ser evitado mediante un programa que incluya medidas de carácter urbanístico similares a las planteadas, sin éxito, contra los pisos turísticos. Quien sostiene esta tesis entiende que el Ayuntamiento dispone de herramientas suficientes como para vetar la creación de negocios que, según informes recientes, han pasado de la nada al medio centenar.

Las multinacionales del negocio del azar han «analogizado», si se permite esa expresión, su negocio. La proliferación de este tipo de firmas - Betfair, 888, William Hill y otros- se realizó aprovechando las posibilidades que permite ahora la telefonía móvil e internet y que han dado lugar a verdaderos imperios financieros que manejan una actividad que en España asciende a 10.000 millones de euros y que buscan sedes fiscales paradisiacas. Buena parte de las referencias a la actividad que se intenta bloquear en ciudades españolas se fundamenta en la operativa de empresas como Codere , originalmente una firma de máquinas recreativas que se ha expandido a una gran variedades de actividades del azar: desde apuestas deportivas a bingos o casinos.

La expresión urbana de esa actividad consiste en cafeterías que destinan una parte de su espacio a la instalación de terminales para los juegos de azar. Se trata de negocios donde no pueden entrar los menores de 18 años. La tesis prohibicionista es que el Ayuntamiento de Córdoba puede establecer una situación tal que impida la existencia misma de este tipo de negocios que se basan, si no he entendido mal, en licencias emitidas por el Estado que reguló esta actividad con Rodríguez Zapatero en el poder. La Administración pública es, tributos aparte, la principal beneficiaria del juego en España. Las últimas cuentas de la SELAE (Loterías y Apuestas del Estado) le atribuyen unos ingresos superiores a los 9.000 millones de euros en este año y unos beneficios de 2.000 millones.

Sin quitarle un ápice de gravedad a la ludopatía , la realidad es que el azar a escala masiva lleva muchas generaciones metido en la sociedad. Con expresiones como las quinielas , que son una modalidad de apuesta deportiva, o la Lotería de Navidad , a la que le tenemos hasta cariño. Lo que ha cambiado son los canales por los que se realizan -la irrupción digital es clave aquí- y quién se beneficia de ello. De un modelo centrado en ingresos tributarios encubiertos -la lotería es el impuesto de quien no sabe matemáticas, dijo un sabio- se ha pasado a una explotación empresarial en régimen competitivo.

Es fácil buscar soluciones simples a problemas complejos . Pero negar licencias de apertura a negocios legales, mientras éstos lo sean, es un asunto condenado a estrellarse contra la realidad. A nadie en sus cabales se le ocurre cerrar estancos para frenar el tabaquismo o que no haya bares para combatir el alcoholismo. Y eso es precisamente lo que creen que todo se puede arreglar chasqueando los dedos en el Boletín Oficial de la Provincia . Igual una aproximación que combine política fiscal y medidas educativas de Estado tiene efectos. Pero váyase usted a explicárselo a los del realismo mágico que creen poder diseñar un Macondo a medida.

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