Las anomalías de 2012, en el TSJA tras un recurso del Gobierno regional

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social les dio la razón en octubre de 2015, pero el asunto no se ha desatascado: la Junta recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y allí sigue. En el otoño de hace dos años, Trabajo amparó la queja de unos diez empleados de la Administración regional en Córdoba por el mismo problema que ahora alcanza hasta 2016: errores a la baja en el cálculo de las bases de cotización.La cantidad que el Gobierno regional había dejado de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social por cada uno de los trabajadores oscilaba entre los 561 y los 1.829 euros.

La reclamación de los profesionales surtió efecto y la Inspección de Trabajo pidió al Gobierno regional que rectificase. Sin embargo, las cantidades en cuestión aún no han sido resarcidas, según las fuentes laborales consultadas por este periódico, que aseguraron que el caso ha encallado en los juzgados una vez que la Junta decidiera recurrir la decisión de la Inspección y llevarla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y ahí sigue.

Este caso supuso un agravio más a los funcionarios, que tuvo su primera escala reciente en junio en 2010, cuando se produjo la supresión de un 5 por ciento de las retribuciones, y eso en el mejor de los casos, porque el tajo fue mayor para los interinos: del 10 por ciento. La medida llevaba aparejada una reducción proporcional de la jornada. Llovía ya sobre mojado, porque la congelación de los sueldos es un hecho común desde que la crisis comenzó a causar estragos. A la historia pasó aquello de actualizar los honorarios con el IPC anual.

Otro hachazo importante a los salarios aconteció en diciembre de 2012, cuando los funcionarios dejaron de cobrar de un modo íntegro la paga extraordinaria de diciembre. Hay que decir que el Estado y las comunidades autónomas están empezando a devolverla paulatinamente. Este mes de enero, por ejemplo, los trabajadores han recibido un 25 por ciento. Los funcionarios lamentan que ese dinero no proviene de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno central.